Es una lástima para un país como Honduras, con un potencial turístico inestimable y que con facilidad puede ocupar uno de los mejores lugares del mundo en materia de turismo internacional, que a pesar de contar con tanto potencial, su situación política siga siendo inestable, su seguridad jurídica en tela de juicio y sus instituciones sigan en manos del caudillismo político.
La última crisis política es un reflejo que la estabilidad que aparentábamos era solo una ilusión, que a lo interno, la situación política es totalmente inestable, que las instituciones de un Estado de derecho no gozan de independencia y, por tanto, no merecen la confianza de la población. En materia política estamos ante una olla de presión, solo falta un motivo políticamente aceptable para que la situación se desborde, se salga de las manos y nos exhiba como un país sin ley y sin institucionalidad.
Esa inestabilidad política consecuentemente produce inestabilidad social. La última crisis política mostró un deterioro impresionante en materia de derechos de propiedad, de respuesta de la autoridad pública y de contención del delito por medio del actuar institucional. Pero ese irrespeto solo es la parte visible del problema de la inseguridad jurídica; ya que, es moneda común el irrespeto del derecho de propiedad y del debido proceso en las esferas judiciales, donde el Estado no solo consciente el atropello del derecho a la propiedad privada, sino que también lo patrocina, y pone en precario constante el respeto a los contratos públicos.
Ante el sentido positivo del sector turismo y del buen ánimo de la inversión privada subsisten estos inhibidores de la inversión, tanto nacional como extranjera. Los sistemas de derechos de propiedad y propiedad intelectual y su protección solo fueron parte de un mover internacional; la propiedad inmueble sigue provocando caos, pleitos judiciales y muertes, en tanto sigue indefinido gran parte del territorio nacional en materia de títulos de propiedad. Es tiempo de considerar, más seriamente, el factor político como inhibidor de inversiones y causante de la inestabilidad social para hacer un planteamiento creíble, vinculante, que reforme las instituciones políticas y que establezca claras reglas del juego con garantías para todos los participantes.
Tenemos claros ejemplos de lo que la inestabilidad política puede provocar. Hay espejos demasiado cerca y demasiado claros como para ignorar este factor inhibidor de la inversión. Cerca de nosotros está Venezuela, donde el deterioro económico, político y social ha convertido a ese país en un estado fallido, donde el hambre y la delincuencia compiten por el mayor número de vidas. Honduras ha tenido su momento de prueba con la última crisis en noviembre de 2017, un asomo del caos que nos puede sobrevenir si los asuntos políticos no se resuelven bajo la garantía de la ley y de instituciones políticas independientes y creíbles.
Todo el increíble potencial de Honduras en materia de turismo y de inversión extranjera queda anulado ante la inestabilidad y el desorden que provocan las crisis políticas. Es tiempo de reflexionar si queremos potenciar toda la riqueza natural de Honduras para el bien de sus ciudadanos o queremos perder el país que tenemos por otra crisis política, cuyas consecuencias no se pueden prever.
