Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, admitió el recurso de inconstitucionalidad contra la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), una acción que por sus propósitos ha causado preocupación y estupor por la amenaza que significa --de prosperar dicho recurso-- la eventual desaparición de aquella entidad y, consecuentemente, que la impunidad siga galopando y queden burladas las esperanzas de la ciudadanía honrada para que se castigue a los corruptos.
La Maccih fue producto de un diálogo nacional en el cual estuvieron involucrados todos los sectores sociales del país, actuando la Organización de Estados Americanos (OEA) como facilitador y con la que se implementó dentro de nuestro marco jurídico el convenio de creación de aquella entidad con el organismo regional, con el objeto de estructurar y combatir con mayor contundencia y eficacia la corrupción y la impunidad en Honduras, misma que por constituir una convención internacional tiene toda la fuerza legal de los tratados, inclusive prevalece, siguiendo las teorías kelsenianas, sobre las leyes internas, de las que además son parte integrante, y de la propia Constitución de la República. No existiendo por lógica jurídica razones de forma o de fondo que puedan afectarla, como para pretextar una acción de inconstitucionalidad, sino fuere de “compadre hablado” como ocasionalmente se estila.
Ocurre también que la acción de inconstitucionalidad fue presentada a nombre de los mismos cinco congresistas ligados con el caso de la “red de diputados”, denunciados por la Maccih por suponerlos responsables de la distracción de fondos públicos, coligiéndose que por esta circunstancia carecen del interés legítimo que exige la Ley Sobre Justicia Constitucional, y que abarcaría además a 65 de los mal llamados “padres de la Patria”. Estos congresistas serían los que verdaderamente están detrás de algunas vergonzosas reformas legales y de impulsar la indicada acción de inconstitucionalidad para impedir su enjuiciamiento anunciado por la Maccih dentro del ámbito de sus atribuciones. Estas facultades no son las del Ministerio Público, como se pretende, siendo más bien en revancha la de apoyar y asesorar a los órganos de control hondureños en las investigaciones y juicios por delitos de corrupción complejos, con el objeto de desmontar el andamiaje de la corrupción y la impunidad, así como de robustecer los mecanismos de investigación y fiscalización de los recursos públicos que jamás podría constituir una invasión a las atribuciones del Ministerio Público, como se aduce.
Pero por los vientos que soplan, por ahí va la cosa, a menos que las expresiones de la Embajada de los Estados Unidos sean suficientes para frenar estos malignos propósitos…veremos.
