Toda reforma genera, más temprano que tarde, una contrarreforma. De la misma manera, las ofensivas, tanto en la guerra como en la política, desembocan, con relativa frecuencia, en la contraofensiva de la parte contraria. Pero en la política las cosas no son tan simples, suelen ser infinitamente más complicadas que en la guerra, aunque, como enseña el maestro Klausewitz, la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios.
Se me ocurren estas reflexiones en estos momentos, cuando todos percibimos una especie de ofensiva de los grupos e individuos corruptos, asustados ante la nueva dinámica que ha venido cobrando en los últimos tiempos la lucha contra la corrupción en nuestro país. Aunque era de esperar, no deja de sorprender un tanto la virulencia de la reacción y la amplitud de recursos, instituciones y circuitos de poder oficial, que se involucran en la misma.
Es una verdadera contraofensiva en toda la línea del frente, a nivel político-partidario, nivel legislativo, de los órganos de control, real o supuesto, del Estado, etc. En la medida que la Misión de apoyo de la OEA en la lucha contra la corrupción y la impunidad (Maccih) se fuera fortaleciendo, incrementando su recurso humano y su estructura institucional, al tiempo que estableciera una interlocución válida, activa y dinámica, con los operadores de justicia locales, en esa misma medida iría creciendo el temor ante su actividad y la oposición a su existencia.
La Maccih fue el fruto de las protestas y marchas callejeras, alumbradas por el fuego purificador de las antorchas, que tuvieron lugar a partir de agosto del año 2015. Cansados ya de tanta corrupción, hartos de la podredumbre y hastiados de la desintegración ética del Gobierno, los ciudadanos salieron a las calles para expresar su indignación y rechazo. El Gobierno, acorralado por la furia colectiva de la población, propuso una fórmula limitada a la Organización de Estados Americanos como salida para ganar tiempo y calmar los ánimos enardecidos de la ciudadanía. Pero la OEA no cayó fácilmente en la trampa. Su negociador de entonces, el diplomático chileno John Biehl, propuso diseñar un convenio apropiado para dar vida a una misión de apoyo de la OEA al Gobierno de Honduras en la lucha contra la corrupción y la impunidad prevalecientes. Las negociaciones, llevadas a cabo en Washington en los meses de septiembre-octubre del año 2015, no fueron fáciles. Fue una pugna entre el Gobierno hondureño, que pretendía limitar al máximo las facultades y funciones reales de la Maccih, y la OEA que reclamaba mayores poderes y mejores espacios para el desempeño del nuevo organismo. Al final resultó un convenio cargado de la llamada “ambigüedad útil” y marcado por el concepto de la “colaboración activa”. Una vez instalada la Maccih y potenciados al máximo los resquicios de posibilidad real para luchar contra la corrupción, el Gobierno comenzó a arrepentirse de haber aceptado una “solución” tan incierta como peligrosa. Cuando los fiscales internacionales, bajo la conducción de Juan Jiménez Mayor, lograron sentar las bases de un sistema integral de anticorrupción (tribunales especiales, jueces y fiscales certificados, unidades especiales de investigación, etc.), el sistema corrupto de Honduras y sus principales protagonistas, los operadores políticos, comprendieron que las cosas se les estaban yendo de las manos y su impunidad empezaba a correr serios peligros. El caso de Guatemala los llenaba de pánico y los acontecimientos en el entorno regional los empezaron a preocupar en serio. De igual manera, las agresivas declaraciones del presidente Donald Trump también generaron más de un susto y sorpresa en los corrillos oficiales.
Pero la gota que derramó el vaso fue la acusación contra un grupo de diputados protegidos del régimen, a quienes la Maccih, junto con el Ministerio Público, presentó requerimiento fiscal por el mal manejo de recursos públicos obtenidos de forma por demás sospechosa e irregular.
Fue el momento en que los líderes políticos más identificados con las redes de corrupción pusieron el grito en el cielo y empezaron a pedir las cabezas de la Maccih. De inmediato, dos conocidos emisarios del régimen volaron a Washington para pedir a Luis Almagro, secretario general de la OEA, su inmediata intervención para frenar al Dr Jiménez y su equipo de trabajo. Almagro, solícito, envió la famosa carta en la que descalificaba el trabajo que venía realizando la Maccih. Y entonces fue cuando los corruptos locales sintieron que ya tenían el apoyo y la fuerza necesaria para iniciar su contraofensiva en defensa del sistema de impunidad y corrupción que prevalece en Honduras. Así comenzó esta embestida de la corrupción contra la Maccih y sus colaboradores más activos y valientes dentro del Ministerio Público. Es la hora de la contraofensiva.
