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Mientras Berta Cáceres recibía un premio internacional, el Goldman Environmental Prize, que constituye el máximo reconocimiento mundial otorgado a un activista del medioambiente, por sus luchas en defensa de los derechos territoriales y el rescate de la cultura de los lencas, en Honduras se planificaba su asesinato por un grupo de exmilitares, actualmente en prisión, que fueron los encargados materiales de su ejecución.

Este repudiable crimen mereció la condena de algunas entidades internacionales como el Parlamento Europeo, la relatoría de la Organización de las Naciones Unidas, la Cepal y la OEA, como también de la embajada americana y de algunos países amigos, entre estos, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania, en donde además se organizaron múltiples homenajes en su memoria por su lucha contra varios proyectos mineros y madereros atentatorios a la naturaleza, sobre todo por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, en Santa Bárbara, dado ilegalmente en concesión a 20 años por el Congreso Nacional a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), sin la debida licencia ambiental, violando la ley y convenios internacionales, ya que su ejecución acarrearía el desplazamiento de las comunidades indígenas asentadas ancestralmente en estos territorios.

El activismo de Berta Cáceres, según el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), le valió su ejecución. Ella gozaba de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al Gobierno hondureño darle protección, lo que lamentablemente nunca ocurrió y fue asesinada.

Como colofón recientemente fue capturado el individuo Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de Desa, en los momentos en que aquel se aprestaba a abordar un vuelo para huir del país y quien ha sido señalado por las autoridades como autor intelectual del crimen. Esta entidad mercantil ha negado toda vinculación en estos sucesos y por el contrario defiende a su exejecutivo, a quien supone una persona honesta en sus ejecutorias.

Pero esto contrasta con informes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que reparó a Castillo en 2009 por recibir sueldos como oficial de las Fuerzas Armadas y como empleado a la vez de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), lo que la ley prohíbe. En este mismo reparo, el TSC afirma que Castillo fue titular de la empresa Digicom, encargada de vender equipos de cómputo y oficina sobrevalorados a la estatal eléctrica, lo que implicaría un acto de corrupción perseguible penalmente hasta de oficio.