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Indicadores que desnudan al país

Por mucho que el Gobierno intenta hacer creer que el Estado de derecho en Honduras se fortalece, resulta paradójico que por cada indicador con que se mide el Estado de derecho de un país, Honduras tiene algo que lo expone como un país con una debilidad extrema del Estado de derecho y con gran propensión a terminar en un Estado fallido, sin ley y sin Gobierno. En el índice 2017 de la situación de legalidad en el mundo, Honduras está en caída libre, cada vez más hundida en el irrespeto al imperio de ley, con instituciones permeadas por la corrupción y con un Gobierno que no respeta la independencia de poderes y somete a su voluntad a todo el estamento gubernamental.

El primer indicador para medir la legalidad en un país es el respeto a las limitaciones que tiene cada poder del Estado, señalando claras fronteras donde cualquier paso más allá de ellas puede considerarse injerencia de un poder en otro y un irrespeto a la independencia de poderes. Yo sé que a los juristas les puede parecer absurdo siquiera analizar este asunto, pues saben de primera mano que tales limitaciones en Honduras no existen, que no se construye la institucionalidad, sino que se establece el culto al caudillo y la sujeción a los intereses políticos; en esto, por lo tanto, no estamos mal, estamos hundidos.

Segundo componente a tomar en cuenta para medir el estado de la ley y su cumplimiento es la ausencia de la corrupción, ausencia de actos corruptos, ausencia de prácticas corruptas y transparencia, aspectos que en Honduras son solo propios de bonitas campañas publicitarias del Gobierno, pero en la práctica todo esto confluye para calificarnos entre los países más corruptos del mundo. A propósito, un abogado hondureño que ha traspasado fronteras gracias a su capacidad preguntó a un alto magistrado en Europa cómo en su país lidiaban con la corrupción, ante lo cual, el alto juez con cara de asombro le contestó que en su país no existe la corrupción, ese país es de los que encabeza el índice de países más respetuosos de la ley y transparentes en sus Gobiernos.

En cuanto a la apertura del Gobierno, que es otro aspecto a medir, mientras la tendencia es abrir el Gobierno a la ciudadanía, hacer que los procesos sean totalmente públicos y que la información al ciudadano sea fluida, permanente y suficiente, en Honduras se sellan los archivos con una ley de secretos que pone tantos candados para asegurarse de que el pueblo jamás tenga acceso a información y documentos. Esto prueba sin más palabras la actitud del Estado hondureño de esconderse de sus ciudadanos y tratar de proteger de la mejor manera lo que debería ser público. El respeto a los derechos fundamentales sigue siendo tan, pero tan pobre, no solo en términos prácticos, sino en términos conceptuales, pues el concepto que tenemos del respeto a los derechos fundamentales es sinónimo de respeto a los derechos humanos, traducidos en la lucha por el respeto a los derechos de los detenidos, cuando los derechos fundamentales son tan amplios y constitucionalmente tan protegidos que solo se puede establecer tal amplitud con el desprecio y los vejámenes a que son sometidos. No solo se trata del derecho a la vida, a un debido proceso, se trata del derecho también del derecho de propiedad, pero en Honduras el Estado arrebata propiedades sin respetar un debido proceso y menos pagar al propietario una indemnización por tal atropello. Los otros indicadores como orden y seguridad, ejecución regulatoria, justicia civil y justicia criminal son elementos que si bien se observa cierta disminución en el índice delictivo, en términos generales la justicia sigue siendo manipulada, los operadores de justicia se ven expuestos a la presión gubernamental, su independencia es lesionada por la presión mediática gubernamental y todo esto nos demuestra que por mucha ropa bonita que se ponga el Gobierno, la verdad desnuda sin consideraciones.