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El fiscal

Se acerca ya el momento en que el Congreso Nacional deberá elegir a las personas que habrán de sustituir en sus cargos al actual fiscal general y a su fiscal adjunto. Las posibilidades de reelección son muy remotas, sobre todo en el caso específico del adjunto, quien ha sido cuestionado seriamente en su desempeño y, en los últimos tiempos, ha escondido tanto su perfil público que prácticamente se ha vuelto invisible; sus razones tendrá. El fiscal principal, por su parte, no ha manifestado interés alguno en continuar desempeñando tan alto e importante cargo, además de contar ya con un extraño y prematuro nombramiento para representar a Honduras en la Corte Centroamericana de Justicia, una especie de entelequia institucional que solo sirve como refugio para un exilio dorado y, a veces, placentero.

Por lo tanto, muy pronto tendremos nuevas autoridades en el Ministerio Público. Aunque todavía faltan algunos meses para que esos cargos queden vacantes no sería nada extraño que los diputados nacionalistas, coludidos con unos cuantos “compañeros de viaje” en el quehacer legislativo, decidan apresurarse y elegir de antemano a las personas que consideren más apropiadas. Ya lo han hecho en el pasado y seguramente piensan que pueden y deben hacerlo en el presente. Después de todo, los diputados, en su gran mayoría, son los mismos del reciente ayer.

La ciudadanía debe estar atenta a esta elección, vigilar con sumo cuidado y atención permanente lo que están haciendo y piensan hacer los diputados en el Congreso Nacional. La elección del nuevo fiscal es algo demasiado importante para dejarlo en manos de una mayoría mecánica que controla el Poder Legislativo y hace y deshace las leyes cada vez que le viene en gana a su verdadero jefe, el inquilino de la Casa Presidencial.

Las nuevas autoridades de la Fiscalía General de la nación deben ser personas respetables en su vida pública y privada, profesionales de capacidad demostrada, especialistas en sus respectivos campos de estudio y desempeño, con visión de largo alcance y convicción democrática profunda, convencidos de verdad de las bondades y virtudes del Estado de derecho. Al escogerlos se debe privilegiar su idoneidad profesional por encima de sus lealtades políticas, de la misma forma que se debe valorar su integridad ética y compromiso real para luchar contra la corrupción y a favor de una sana y eficiente administración de la justicia. Existen profesionales que reúnen estas condiciones, y entre ellos deben ser escogidos los futuros jefes del Ministerio Público.

Si el Congreso Nacional insiste en escoger militantes activos de los partidos políticos para distribuirse los cargos de la Fiscalía le hará un gran daño a Honduras y al Estado de derecho. Los militantes activos subordinan sus acciones a la lógica de la obediencia partidaria, por encima de la ley y la justicia; no son los más indicados para dirigir las instituciones públicas. Esto no quiere decir que se requieran personas totalmente apolíticas, ya que ello sería un absurdo. Tales personas no existen en la vida real, aunque más de alguno insista en proclamarse como tal. El simple hecho de vivir en sociedad nos hace políticos a todos, nos demos cuenta o no, lo aceptemos o no.

Lo que se quiere es que la condición política de los funcionarios no se traduzca en activismo partidario, en desempeño sectario y discriminador. Los fiscales deben ser operadores del sistema de justicia, no agitadores ni militantes sectarios de los partidos políticos. Es la hora de la despolitización partidaria de las instituciones, especialmente las aglutinadas dentro del sector justicia. No debemos permitir que los diputados sigan cometiendo los mismos errores del pasado, escogiendo funcionarios con base en su militancia política y a contrapelo de su idoneidad profesional. Es la hora de privilegiar el conocimiento, la experiencia y la integridad moral por encima de la docilidad política, la conexión oportuna o la sumisión acrítica ante las cúpulas partidarias.

Ya se mencionan algunos nombres de posibles candidatos a ocupar los altos cargos en la Fiscalía General. Debo confesar que algunos de esos nombres producen escalofríos y mucha preocupación, cuando no asombro indignado y rechazo inmediato. Son personas que, en caso de resultar favorecidas con la venia presidencial y los votos legislativos, serían algo así como los sepultureros siniestros de una institución que merece mejor suerte y destino. Los heraldos de la corrupción y de la impunidad jamás podrán ser interlocutores válidos para rescatar a Honduras del agujero de corrupción y podredumbre en que lamentablemente hoy se encuentra, así de simple.