Con la llegada de los comunistas al poder en China, todas las religiones quedaron sometidas al control del Estado. En el caso de la Iglesia católica, eso no implicó cambios en la liturgia ni tampoco en la enseñanza moral, pero sí en un aspecto importante del dogma: la primacía del Papa y, como consecuencia, su autoridad única para nombrar obispos. Los chinos consideraron que eso significaba una injerencia de un Estado extranjero y persiguieron a los que no quisieron separarse de Roma.
Muchos se sometieron, constituyendo en 1957 una Iglesia cismática -la llamada “Iglesia patriótica”-, cuyos obispos eran nombrados por el Gobierno comunista, algunos incluso en notorias condiciones de inmoralidad. Pero otros se resistieron y sufrieron persecución y así nació la “Iglesia clandestina”; durante decenios, laicos, sacerdotes, religiosos, monjas y obispos han conocido la cárcel, los campos de reeducación y el martirio, por no haber querido renunciar a la fe católica vivida en su integridad, que implicaba la unión con el vicario de Cristo.
Sin embargo, poco a poco se fue produciendo un tímido deshielo y el Gobierno dio permiso para ordenar algunos obispos nombrados por Roma, a la vez que el Vaticano daba el “plácet” a candidatos del Gobierno.
Esta tímida apertura parecía estar sujeta, por otro lado, al capricho de los gobernantes, pues a veces aceptaban y otras no. Y en medio estaban los fieles, que muchas veces tenían que ir a parroquias regentadas por curas pertenecientes a la Iglesia cismática si querían ir a misa, entre otras cosas porque Benedicto XVI dejó claro que los sacramentos administrados por la Iglesia patriótica son válidos.
Lo que está intentando el cardenal Parolín y el equipo diplomático vaticano es llegar a un acuerdo con los gobernantes chinos. Nadie sabe en este momento en qué consiste ese acuerdo y posiblemente no lo sepan ni siquiera los diplomáticos vaticanos
