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Los “honorables” Padres de la Patria en su afán de escudarse en una tortuosa normativa que nació muerta, para protegerse de una eventual persecución penal anunciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, contra 65 de ellos, a quienes se les supone responsables de fraude y malversación de fondos, atropellaron inicuamente convenios internacionales, leyes secundarias y la propia Constitución de la República al reformar torcidamente varios preceptos legales, lo que nos ha puesto de nuevo en la picota pública como un país de desalmados.

Estos ilustres diputados sabían de antemano que en Honduras los escándalos no superan una semana. Como al efecto ha sucedido. Y se la jugaron. Ya nadie habla de esta monstruosidad jurídica a pesar de los llamados de los Estados Unidos, Canadá y del Reino Unido, para que se derogue este insólito injerto efectuado en la Ley Orgánica del Presupuesto General, mediante el cual se reformaron dos de sus preceptos para autoeximirse de toda responsabilidad de cualquier fuero que sea, por las fechorías cometidas por ellos desde el año 2006 hasta el 2018, tendiéndose de esta manera un velo de impunidad en dicho lapso, extensivo, además, a altos funcionarios de la administración central, lo que incluye por supuesto, el caso del saqueo del Seguro Social que tiene especial dedicatoria. Acción que como bien lo señaló la “chargé d´affaires” de la embajada estadounidense, es un monumental retroceso en la lucha anticorrupción en el país.

La reforma de referencia afecta gravemente, como se ha explicado en los medios, la investigación del caso conocido como “red de diputados” que abarca a casi la mitad de diputados del Congreso Nacional, incluido su presidente, que de acuerdo a la Maccih, desviaron a sus cuentas personales fondos de las ayudas asignadas por el Gobierno para programas de tipo social incluyendo, además, a altos funcionarios del poder Ejecutivo y representantes de más de 30 oenegés, cuyas acciones delictivas quedarían impunes si esta reforma no es derogada o, en su caso, declarada como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia que conocerá varios recursos promovidos para frenar sus malévolos efectos.

La “red de diputados” es el primer caso paradigmático de corrupción investigado bajo el programa de Equipos Integrados de Investigación y Persecución Penal, en los cuales participan fiscales e investigadores de nuestro país y expertos internacionales liderados por el peruano don Juan Jiménez Mayor bajo el auspicio de la OEA. Funcionario que, dicho sea de paso, se ha llamado a silencio después de su visita a Washington y su posterior entrevista con Luis Almagro (¿?).