El plan del dictador venezolano Nicolás Maduro de convocar una elección anticipada y claramente fraudulenta antes de fines de abril ha sido rechazado por los principales países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea. Esa es una buena noticia, pero será inútil a menos que vaya acompañada de tres acciones internacionales adicionales.
No me malinterpreten: no estoy minimizando la reciente decisión de los 28 países de la Unión Europea de negarle visas de entrada y confiscar los depósitos bancarios de siete altos funcionarios venezolanos y sus parientes cercanos.
Ese fue un paso importante, porque los altos funcionarios del régimen venezolano tienen miles de millones de dólares en bancos europeos, y muchos de ellos tienen a sus hijos viviendo la buena vida en Madrid o París. Ahora tendrán que irse de allí.
Asimismo, el comunicado del 23 de enero del Grupo de Lima –integrado entre otros por Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú– fue muy importante. El comunicado dijo que las elecciones anunciadas por Maduro, sin autoridades electorales independientes ni observadores internacionales creíbles, y en que los principales líderes opositores tienen prohibido presentarse como candidatos, “carecerán de legitimidad y credibilidad”.
Pero el cálculo de Maduro es que él puede prevalecer. Su anuncio de elecciones anticipadas ya ha logrado eclipsar la noticia de la aparente ejecución extrajudicial del policía rebelde Óscar Pérez, cuyas declaraciones grabadas en video poco antes de su muerte habían dado la vuelta al mundo.
A pesar de la hiperinflación, la escasez generalizada de alimentos y medicinas, y una tasa de desaprobación de casi el 80%, Maduro cree que el tiempo estará de su lado si puede fraguar una victoria electoral.
En su mente, los precios del petróleo podrían subir, la presión diplomática latinoamericana podría disminuir si el candidato populista Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones mexicanas del 1 de julio, y la emigración masiva debilitará a la oposición venezolana.
Se estima que más de 3 millones de personas emigraron de Venezuela en los últimos años. Al igual que en Cuba, Maduro se beneficiará quedándose con una gran masa de gente empobrecida que depende de las raciones de alimentos del Gobierno para sobrevivir, y que pueden ser fácilmente controladas.
Entonces, ¿qué debería hacer la comunidad internacional? Primero, el Grupo de Lima debe pasar de las palabras a la acción e imponer sanciones financieras y de viajes a los principales miembros del régimen de Maduro y sus familiares, como lo han hecho la Unión Europea y los Estados Unidos.
Eso aislaría aún más el régimen de Maduro a nivel nacional e internacional.
En segundo lugar, el Grupo de Lima, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían declarar inequívocamente que, si los principales partidos de oposición venezolanos como Voluntad Popular y Primero Justicia deciden no participar en las elecciones fraudulentas de Maduro, no reconocerán la nueva reelección de Maduro. Hasta ahora, los países han condenado estas elecciones, pero no han dicho que no reconocerán una victoria de Maduro.
Tercero, la comunidad internacional debería exigir a la oposición de Venezuela que adopte una posición unánime sobre si participar en las elecciones, y apoyarla.
Nadie debería hacerse ilusiones de que Maduro permitiría una victoria de la oposición. La decisión más obvia tendría que ser decidir unánimemente no participar, pero podría haber otras opciones. Un frente unido de oposición podría, por ejemplo, participar temporalmente en el proceso electoral para aprovechar los tres meses de campaña y organizar protestas callejeras masivas, para luego retirarse a último minuto si el régimen no permite elecciones libres. Eso podría permitir a la oposición retomar las calles, y recuperar su impulso.
Pase lo que pase, ningún opositor debería hacerse ilusiones de que habrá una intervención militar extranjera. No he hablado con un solo funcionario estadounidense o latinoamericano que piense que se esté considerando seriamente esa posibilidad.
Y América Latina, Europa y Estados Unidos deberían adoptar rápidamente medidas concretas contra Maduro y sus colaboradores. De lo contrario, el drama humanitario de Venezuela seguirá deteriorándose y se convertirá en una crisis migratoria regional como la de Siria, que afectará a toda América Latina.
