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Tirándose la pelota

Serias denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción (Cna) y de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) afronta Rosa Elena de Lobo, ex primera dama de la nación, por suponerla responsable de los delitos de fraude y malversación de fondos en perjuicio del erario mientras su esposo Porfirio Lobo Sosa era presidente de la república.

De conformidad con el Cna, la señora de Lobo, como titular del Despacho de la Primera Dama, sobrevaloró en el año 2013 la compra de zapatos y uniformes, cuyo monto de inversión fue de 20 millones de lempiras a través del Patronato Nacional de la Infancia (Pani), pero lo que se pagó realmente a los proveedores fueron 13 millones de lempiras. Con este mismo esquema se ejecutaron, de acuerdo con el Cna, fondos provenientes del Programa Nacional de la Familia (Praf), cuyo análisis fue realizado por el Tribunal Superior de Cuentas (Tsc) en el año 2014, encontrando dicha institución indicios de responsabilidad para el Despacho de la Primera Dama, que alega en su defensa que ella no era funcionaria y que no manejó esos fondos, por ello la intervención del Tsc es ineficaz e improcedente. Posteriormente, la directora del Cna declaró a los medios que esta institución había presentado al Ministerio Público un “caso sólido” contra la ex primera dama por “apropiación ilícita de más de 12 millones de lempiras”, de acuerdo con sus propias palabras, que debe ser sujeto de un requerimiento fiscal por haber aportado las pruebas que concluyen que estos fondos los desviaron mediante un cheque oficial a la cuenta personal de Rosa Elena, librado el 22 de enero de 2014.

Finalmente, en una reciente publicación de este diario se confirman las investigaciones emprendidas por la Ufecic y por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) para determinar el destino de una transferencia de 100 millones de lempiras, que, de acuerdo con la directora del Pani, fue solicitada por la ex primera dama y el expresidente Lobo Sosa.

Transferencia que le compete justificar al Ministerio de Finanzas si los fondos se ejecutaron, pero en vez de ello el ministro Wilfredo Cerrato, alegando una ignorancia inexcusable, ha afirmado que desconocía los hechos, a pesar de que la Ley del Presupuesto en aras de la trasparencia que debe regir en la administración pública obliga a dicha Secretaría de Estado a participar en los análisis de seguimiento y evaluación de la ejecución del presupuesto. Lo que la directora del Pani así supone declarando: “Finanzas es la que debe informar si los recursos fueron destinados a los programas para los que se pidieron”, tirándole la pelota al ministro, en lo que suponemos es un nuevo caso de corrupción.