El título tiene, sin duda, una cierta connotación de utopía, de ilusión alimentada por las buenas intenciones, de esas con las que, según dicen los entendidos, está pavimentado el camino hacia el infierno. Pero, al mismo tiempo, también tiene una connotación de necesidad y urgencia, de demanda social y política para adecentar un tanto siquiera el nauseabundo ámbito de la política local. Prefiero la segunda connotación a la primera, porque, al menos, estimula mi esperanza…
El Congreso Nacional, después de reiterados intentos por dar largas al asunto, finalmente se vio obligado a aprobar la ley que debe regular la financiación de los partidos políticos, la llamada “Ley de política limpia”, no sin antes introducir modificaciones sustanciales en el contenido original del proyecto avalado por la Misión de Apoyo de la OEA para la lucha contra la impunidad y la corrupción (Maccih). Una de esas modificaciones fue la de ampliar de uno a tres el número de comisionados que dirigirán la Unidad de Financiación, Transparencia y Fiscalización que deberá “investigar operaciones de financiamiento, levantar el secreto bancario, y tributario, aplicar sanciones, entre otras medidas” para desmantelar las redes de financiamiento con dinero sucio a las campañas electorales y otras actividades conexas de los partidos políticos. La Maccih propuso un solo Director o Comisionado, pero los diputados, miembros de las diferentes bancadas, decidieron que sería mejor nombrar a tres. De esa forma, los vicios de la política tradicional siguen dominando la dinámica legislativa en materia institucional. La verdadera intención de los legisladores es la de repartirse, como siempre sucede, los tres importantes cargos de dirección en la nueva unidad creada. Su visión patrimonial del Estado les hace concebir al nuevo órgano como un botín presupuestario y político para distribuirse canonjías burocráticas y, por supuesto, evitar que cumpla la verdadera función para la que ha sido autorizado.
Si los políticos tradicionales se reparten los cargos de la nueva Unidad como si fuera un pastel burocrático, la nueva Ley aprobada no tendrá mayor sentido ni producirá los resultados esperados. Simplemente será un fracaso más. La Maccih debe ejercer la presión debida para que la selección de esos directores o comisionados se produzca en base a un riguroso protocolo de condiciones y requisitos, que garanticen la idoneidad profesional, la calidad ética y la autonomía suficiente de los elegidos con respecto a los partidos políticos. Como dice el texto de su primer informe semestral “La Maccih-OEA considera que esta Unidad no debe responder a directrices político-partidarias a efectos de que cuente con la independencia necesaria para un adecuado control del financiamiento ilícito de campañas electorales. Para ello, el Congreso Nacional tiene el desafío de elegir a los integrantes de esta Unidad”.
Menudo desafío, sin duda. Si el Congreso elige a “representantes” de los partidos políticos, la Unidad se convertirá en un organismo burocrático más, una fuente de empleo para los “correligionarios” de siempre, una burla adicional ante la opinión pública. Por el contrario, si se escoge a ciudadanos decentes, con credibilidad reconocida y la capacidad profesional necesaria, la Unidad de control podría funcionar y contribuir al saneamiento del sistema de partidos y sus fuentes de financiación.
La tarea que le espera a esta Unidad es compleja y difícil. Lo sabemos por experiencia propia. Durante el proceso electoral del año 2013, nuestro Centro de Documentación (Cedoh) condujo una investigación profunda sobre el financiamiento de los partidos políticos, en un esfuerzo por identificar y cuantificar las fuentes de recursos lícitos e ilícitos. El resultado fue un amplio informe que circuló en los círculos académicos y políticos del país. La tarea no fue fácil, además de intrincada y riesgosa. Los aportantes se niegan a dar información, los receptores se ocultan y enmascaran los datos, los delincuentes disfrazan sus contribuciones y ayuda. Todo se vuelve un laberinto indescifrable, saturado de mentiras, falsos informes y contabilidad engañosa. Todos conspiran para violar la ley y evadir los controles. No hay razón para pensar que ahora será diferente.
Por eso, desde ya, es necesario advertir a la población y a las organizaciones especializadas de la sociedad civil para que se mantengan vigilantes y en alerta permanente ante lo que haga el Congreso Nacional en los próximos días, al momento de elegir a los nuevos responsables de asegurar la transparencia y fiscalización de los dineros que reciban y utilicen los partidos políticos, sobre todo el partido gobernante, para financiar sus actividades electorales. Ahora más que nunca, nuestra sociedad debe ser vigilante, bien informada y propositiva, requisitos básicos para una verdadera ciudadanía activa.
