San Pedro Sula, Honduras.
Aunque es una necesidad en estos tiempos en que la delincuencia tiene carta de ciudadanía, conseguir la hoja de antecedentes penales es un vía crucis para las personas que buscan conseguir desesperadamente un trabajo.
Las empresas la exigen al candidato a ocupar un cargo, desde el más bajo hasta el más importante. Hace unos días pasé por la oficina donde entregan ese documento y me encontré a un amigo ingeniero civil, con maestría en hidráulica, haciendo fila para conseguir ese papel que le pedía una constructora privada. Me dijo que estaba allí desde las cinco de la mañana, pero delante de él había, al menos, 50 personas más. No es malo saber a quién verdaderamente una compañía contratará, pero tratándose de profesionales honestos y de conocida capacidad es injusto y denigrante que les pidan ese requisito. Además, es un negocio redondo. ¿Con tanto desempleado, se imaginan cuántas personas llegan diariamente a pedir ese documento?
Y esto no queda allí: algunas firmas piden también la hoja de “antecedentes policiales” donde están registradas personas que por una infracción menor estuvieron detenidas por 24 horas en una posta policial, por ejemplo, manejar con unas cervezas de más aunque el conductor no haya cometido accidentes. Para sacar ambos documentos el aspirante a trabajar debe pagar 250 lempiras que tal vez sacó prestado con un amigo. Eso significa que la oficina obtiene 125 mil lempiras diarios, 3.7 millones al mes y más de 44 millones al año. ¿En qué bolsa cae esa plata? La peor desgracia es que la empresa le diga al candidato “ya no hay trabajo”, y ese dinero lo perdió.
En esto hay otro tropiezo: las personas encargadas del registro casi nunca tienen actualizados los datos alegando que la Policía no se los transfiere rápidamente. Así, un delito cometido por equis ciudadano hace dos años aparece entre la lista de indeseables aunque ande en la bolsa la carta de libertad definitiva.
Creo que lo más correcto para evitar demoras y pagos innecesarios, todas las compañías, por medio de una clave puedan tener acceso -solo para ver, no modificar- a los antecedentes penales y policiales de los hondureños. Basta con que la persona muestre la identidad y allí mismo se comprueba si ha matado a alguien o cometido otro delito menor como arrebatar una cartera, haber violado a una menor o si está fichado como miembro de una pandilla. Estas trabas obligan también a la gente a emigrar. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato?
