Los sindicatos griegos iniciaron ayer una huelga de dos días para exigir al Gobierno que no apruebe las nuevas medidas de austeridad en la crucial votación de hoy en el Parlamento.
El país mediterráneo amaneció ayer prácticamente detenido debido al paro laboral, que afectó mucho al transporte terrestre y al marítimo. Una veintena de vuelos tuvieron de ser cancelados y cerca de cincuenta sufrieron retrasos.
En los sectores de la construcción y otras industrias, la huelga tuvo un seguimiento del 90%, y fue del cien por cien en las refinerías y los puertos, según datos de la GSEE (confederación de sindicatos de trabajadores del sector privado). En el sector público, la convocatoria de huelga fue respaldada por entre el 57% y el 85% de los funcionarios, explicó una fuente de Adedy, la confederación de los empleados públicos. Sin embargo, en el comercio la participación fue ostensiblemente menor, a pesar del llamamiento a participar en la huelga de las asociaciones de pequeños empresarios y comerciantes, Eseey y Gsevee
Unas 45,000 personas desfilaron por el centro de Atenas en las dos manifestaciones convocadas, por los sindicatos una y por el Partido Comunista otra, bajo pancartas como “Las personas por encima de todo. No a las medidas” o “Abajo el Gobierno, fuera la troika”.
Críticas
Los sindicatos se quejan de que las medidas que se votarán hoy, exigidas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) reducirán las ya de por sí mermadas condiciones de vida de los trabajadores, ya que facilitan el despido y reducen las prestaciones sociales. El paquete de medidas incluye un incremento en dos años de la edad de jubilación (hasta los 67), la eliminación de los complementos de Navidad y Pascua, y una reducción de entre el 5% y el 25% a las pensiones superiores a mil euros.
También las pensiones por discapacidad serán reducidas y se rebajará el número de medicamentos cubiertos por la seguridad social. Para el sector privado se fijan los topes de subidas salariales por antigüedad en un 10% cada trienio para los empleados, y en un 5% para los obreros, hasta un máximo del 30% en ambos casos, además de reducirse el plazo de notificación y las indemnizaciones por despido. El tiempo mínimo de descanso entre turnos también se reducirá de las 12 a las 11 horas.
Además, el Gobierno accede a despedir a 25,000 funcionarios hasta final de 2013, y los que queden verán sus horas de trabajo aumentadas y su salario reducido, medida que afecta principalmente a jueces, policías, bomberos, personal sanitario, personal académico, diplomáticos, obispos y trabajadores municipales. Igualmente se incrementarán las tasas sobre el transporte, la electricidad y el gasóleo de calefacción, así como los impuestos que pagan los agricultores.
