Washington, Estados Unidos.
Dos legisladores texanos, un republicano y un demócrata, se disponen a introducir hoy un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para acelerar la deportación de los niños inmigrantes procedentes de Centroamérica que se agolpan en la frontera sur del país.
El texto legislativo, que ya ha sido rechazado públicamente por alguno de los congresistas defensores de una reforma migratoria integral en EE.UU., busca modificar las leyes actuales para dar el mismo trato a los menores provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que a los llegados desde México y Canadá, los cuales pueden ser deportados en apenas unas horas tras su entrada ilegal.
El senador republicano John Cornyn y el representante demócrata Henry Cuéllar pretenden modificar el marco legal actual, que data de 2008, y agilizar las deportaciones de menores, aunque no provengan de países fronterizos.
La medida estipula que los niños que sean elegibles para algún tipo de amparo en Estados Unidos, como el asilo, se presenten ante la corte de inmigración en los siete días posteriores a haber sido examinados por los funcionarios de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Si el juez decide que un niño puede presentar su reclamación legal, que tendrá que cursar en las 72 horas siguientes a la resolución del magistrado, el menor podrá permanecer en el país con una persona que lo custodie mientras su caso se abre paso a través de los tribunales; de lo contrario, será deportado a su país de origen.
Asimismo, bajo la nueva ley, los niños no acompañados que ya estén viviendo en algún lugar de Estados Unidos bajo el cuidado de un familiar o tutor podrían pasar por el proceso judicial directamente.
El presidente Barack Obama solicitó la semana pasada al Congreso un presupuesto de emergencia de 3.700 millones de dólares con el objetivo de atajar la avalancha de menores, pero los republicanos son reticentes a 'darle un cheque en blanco'.
Los principales líderes de la oposición, como el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, han repetido en varias ocasiones que esos fondos les parecen desorbitados y que la estrategia para la que estarían destinados no plantea un refuerzo de la seguridad en la frontera, que bajo su punto de vista debería ser militarizada con el envío de la Guardia Nacional.
Ante este tira y afloja, la Casa Blanca ha dicho estar dispuesta a dialogar con los republicanos sobre el contenido y el plan de respuesta, pero lo cierto es que los fondos siguen congelados en los pasillos del Capitolio.
Algunos han defendido que el proyecto de ley Cornyn-Cuéllar supondría una solución intermedia, ya que la propuesta de los demócratas, enarbolada por el senador Robert Menéndez, propone el trato opuesto para los pequeños: que sean considerados como refugiados que huyen de la violencia de sus países.
El portavoz de la Casa Blanca, John Earnest, aseguró hoy que la Administración Obama revisará el texto de Cornyn y Cuéllar una vez esté completo, pero no quiso referirse al contenido al no haber realizado un análisis exhaustivo del proyecto de ley.
Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, informó que mañana todos los senadores tendrán una reunión informativa sobre los pormenores de la propuesta, pero adelantó que, hasta donde conoce de su contenido, no la apoyará.
Asimismo, el legislador demócrata por Illinois Luis Gutiérrez consideró que el proyecto de ley no es más que 'la misma agenda de siempre dedicada a la deportación, pero vestida de cordero'.
Gutiérrez, uno de los representantes más beligerantes en favor de un proyecto de reforma migratoria integral, insistió en que la propuesta de Cornyn y Cuéllar no hace otra cosa sino 'restringir los derechos de los niños' que huyen de la violencia en Centroamérica.
'La columna vertebral y el compromiso con la justicia de la nación más fuerte y más generosa del mundo tiembla ante la presencia de 50.000 niños y responde mediante la eliminación de los derechos legales de niños vulnerables. Es una vergüenza', aseveró Gutiérrez, miembro del Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza.
Mientras legisladores y Ejecutivo tratan de ponerse de acuerdo sobre cómo abordar la actual 'crisis humanitaria', el goteo de pequeños sigue y las autoridades federales calculan que se alcanzará la cifra de 100.000 menores inmigrantes no acompañados a final de año.
Dos legisladores texanos, un republicano y un demócrata, se disponen a introducir hoy un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para acelerar la deportación de los niños inmigrantes procedentes de Centroamérica que se agolpan en la frontera sur del país.
El texto legislativo, que ya ha sido rechazado públicamente por alguno de los congresistas defensores de una reforma migratoria integral en EE.UU., busca modificar las leyes actuales para dar el mismo trato a los menores provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador que a los llegados desde México y Canadá, los cuales pueden ser deportados en apenas unas horas tras su entrada ilegal.
El senador republicano John Cornyn y el representante demócrata Henry Cuéllar pretenden modificar el marco legal actual, que data de 2008, y agilizar las deportaciones de menores, aunque no provengan de países fronterizos.
La medida estipula que los niños que sean elegibles para algún tipo de amparo en Estados Unidos, como el asilo, se presenten ante la corte de inmigración en los siete días posteriores a haber sido examinados por los funcionarios de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Si el juez decide que un niño puede presentar su reclamación legal, que tendrá que cursar en las 72 horas siguientes a la resolución del magistrado, el menor podrá permanecer en el país con una persona que lo custodie mientras su caso se abre paso a través de los tribunales; de lo contrario, será deportado a su país de origen.
Asimismo, bajo la nueva ley, los niños no acompañados que ya estén viviendo en algún lugar de Estados Unidos bajo el cuidado de un familiar o tutor podrían pasar por el proceso judicial directamente.
El presidente Barack Obama solicitó la semana pasada al Congreso un presupuesto de emergencia de 3.700 millones de dólares con el objetivo de atajar la avalancha de menores, pero los republicanos son reticentes a 'darle un cheque en blanco'.
Los principales líderes de la oposición, como el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, han repetido en varias ocasiones que esos fondos les parecen desorbitados y que la estrategia para la que estarían destinados no plantea un refuerzo de la seguridad en la frontera, que bajo su punto de vista debería ser militarizada con el envío de la Guardia Nacional.
Ante este tira y afloja, la Casa Blanca ha dicho estar dispuesta a dialogar con los republicanos sobre el contenido y el plan de respuesta, pero lo cierto es que los fondos siguen congelados en los pasillos del Capitolio.
Algunos han defendido que el proyecto de ley Cornyn-Cuéllar supondría una solución intermedia, ya que la propuesta de los demócratas, enarbolada por el senador Robert Menéndez, propone el trato opuesto para los pequeños: que sean considerados como refugiados que huyen de la violencia de sus países.
El portavoz de la Casa Blanca, John Earnest, aseguró hoy que la Administración Obama revisará el texto de Cornyn y Cuéllar una vez esté completo, pero no quiso referirse al contenido al no haber realizado un análisis exhaustivo del proyecto de ley.
Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, informó que mañana todos los senadores tendrán una reunión informativa sobre los pormenores de la propuesta, pero adelantó que, hasta donde conoce de su contenido, no la apoyará.
Asimismo, el legislador demócrata por Illinois Luis Gutiérrez consideró que el proyecto de ley no es más que 'la misma agenda de siempre dedicada a la deportación, pero vestida de cordero'.
Gutiérrez, uno de los representantes más beligerantes en favor de un proyecto de reforma migratoria integral, insistió en que la propuesta de Cornyn y Cuéllar no hace otra cosa sino 'restringir los derechos de los niños' que huyen de la violencia en Centroamérica.
'La columna vertebral y el compromiso con la justicia de la nación más fuerte y más generosa del mundo tiembla ante la presencia de 50.000 niños y responde mediante la eliminación de los derechos legales de niños vulnerables. Es una vergüenza', aseveró Gutiérrez, miembro del Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza.
Mientras legisladores y Ejecutivo tratan de ponerse de acuerdo sobre cómo abordar la actual 'crisis humanitaria', el goteo de pequeños sigue y las autoridades federales calculan que se alcanzará la cifra de 100.000 menores inmigrantes no acompañados a final de año.
