Nueva York, Estados Unidos.
El Gobierno argentino agotó ayer el mes de gracia concedido por el juez Thomas Griesa para conseguir un acuerdo con los tres fondos litigantes o fondos buitre que reclaman el pago de 1,500 millones de dólares.
Esto significa que Argentina queda abocada a una suspensión de pagos, la segunda desde 2002. Y aunque los efectos no se prevén tan traumáticos como los de aquella ocasión, uno siempre sabe cómo entra en una suspensión, pero nunca cómo se sale. Sin embargo, el Gobierno argentino no pareció en ningún momento temer las consecuencias.
La agencia de calificación financiera Standard & Poor’s (S&P) declaró a Argentina en “suspensión de pagos selectiva” al vencer el plazo final para un pago de 539 millones de dólares por bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010, dinero enviado por el Gobierno argentino a Nueva York, pero bloqueado por el juez federal Thomas Griesa hasta que se cumpla su sentencia a favor de los fondos.
Presente en Nueva York para las negociaciones con los fondos, el ministro de Economía argentino Axel Kicillof reiteró la postura de su gobierno, que niega que el país haya entrado en cese de pagos: “Ese dinero está ahí; evidentemente si era un default, no estaría ahí”, dijo.
“Desafortunadamente no hubo acuerdo y la República Argentina caerá de manera inminente en default”, indicó en un comunicado Pollack, nombrado por Griesa para acercar a las partes y lograr una solución negociada.
Las consecuencias
Esta situación inédita de suspensión de pagos declarada por una agencia de calificación financiera y negada por Argentina se produce 13 años después de la catastrófica cesación de pagos de 2001, cuando el Gobierno suspendió la cancelación de 100,000 millones de dólares.
“Argentina ha estado fuera de los mercados financieros por mucho tiempo y aunque el default siempre es lamentable, no creemos que tenga mayores consecuencias sustantivas fuera” del país, estimó la directora y gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.
A pesar de que el Gobierno argentino insiste en que “no pasará nada” por tratarse de situaciones diferentes, los expertos vaticinan una serie de consecuencias negativas para la alicaída economía del país, entre ellas más devaluación e inflación, marginación de los mercados de capitales y recesión si hay cese de pagos.
Según Christopher Dembik, economista de Saxo Bank, habrá una “devaluación inevitable del peso”, que ya sufrió una fuerte pérdida de su valor a principios de año; una recesión que podría pasar del 1 al 10% y un aislamiento internacional de Argentina.
Culpan a justicia de Estados Unidos
La poca credibilidad que Kicillof dio al cese de pagos selectivo, que Standard & Poor’s especificaba que “en caso de que Argentina llegara a sanear el incumplimiento del pago de los bonos reestructurados” quedaría revisado, contrastó con la vehemencia de Daniel Pollack, mediador nombrado por el juez para llagar al acuerdo.
“Un cese de pagos no es una simple cuestión técnica, sino un hecho real y doloroso que causará daño a gente de carne y hueso: a los argentinos de a pie, a los bonistas que aceptaron el canje y a los holdouts”, indicó Pollack.
Subrayó que si algo le ha quedado “perfectamente claro” a lo largo de este proceso de negociación, es que todas las partes estaban obligadas a respetar las leyes estadounidenses.
“Los buitres y los especuladores siempre ganan. Son los pueblos los que siempre pierden”, concluyó Kicillof.
El Gobierno argentino agotó ayer el mes de gracia concedido por el juez Thomas Griesa para conseguir un acuerdo con los tres fondos litigantes o fondos buitre que reclaman el pago de 1,500 millones de dólares.
Esto significa que Argentina queda abocada a una suspensión de pagos, la segunda desde 2002. Y aunque los efectos no se prevén tan traumáticos como los de aquella ocasión, uno siempre sabe cómo entra en una suspensión, pero nunca cómo se sale. Sin embargo, el Gobierno argentino no pareció en ningún momento temer las consecuencias.
La agencia de calificación financiera Standard & Poor’s (S&P) declaró a Argentina en “suspensión de pagos selectiva” al vencer el plazo final para un pago de 539 millones de dólares por bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010, dinero enviado por el Gobierno argentino a Nueva York, pero bloqueado por el juez federal Thomas Griesa hasta que se cumpla su sentencia a favor de los fondos.
Presente en Nueva York para las negociaciones con los fondos, el ministro de Economía argentino Axel Kicillof reiteró la postura de su gobierno, que niega que el país haya entrado en cese de pagos: “Ese dinero está ahí; evidentemente si era un default, no estaría ahí”, dijo.
“Desafortunadamente no hubo acuerdo y la República Argentina caerá de manera inminente en default”, indicó en un comunicado Pollack, nombrado por Griesa para acercar a las partes y lograr una solución negociada.
Las consecuencias
Esta situación inédita de suspensión de pagos declarada por una agencia de calificación financiera y negada por Argentina se produce 13 años después de la catastrófica cesación de pagos de 2001, cuando el Gobierno suspendió la cancelación de 100,000 millones de dólares.
“Argentina ha estado fuera de los mercados financieros por mucho tiempo y aunque el default siempre es lamentable, no creemos que tenga mayores consecuencias sustantivas fuera” del país, estimó la directora y gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.
A pesar de que el Gobierno argentino insiste en que “no pasará nada” por tratarse de situaciones diferentes, los expertos vaticinan una serie de consecuencias negativas para la alicaída economía del país, entre ellas más devaluación e inflación, marginación de los mercados de capitales y recesión si hay cese de pagos.
Según Christopher Dembik, economista de Saxo Bank, habrá una “devaluación inevitable del peso”, que ya sufrió una fuerte pérdida de su valor a principios de año; una recesión que podría pasar del 1 al 10% y un aislamiento internacional de Argentina.
Culpan a justicia de Estados Unidos
La poca credibilidad que Kicillof dio al cese de pagos selectivo, que Standard & Poor’s especificaba que “en caso de que Argentina llegara a sanear el incumplimiento del pago de los bonos reestructurados” quedaría revisado, contrastó con la vehemencia de Daniel Pollack, mediador nombrado por el juez para llagar al acuerdo.
“Un cese de pagos no es una simple cuestión técnica, sino un hecho real y doloroso que causará daño a gente de carne y hueso: a los argentinos de a pie, a los bonistas que aceptaron el canje y a los holdouts”, indicó Pollack.
Subrayó que si algo le ha quedado “perfectamente claro” a lo largo de este proceso de negociación, es que todas las partes estaban obligadas a respetar las leyes estadounidenses.
“Los buitres y los especuladores siempre ganan. Son los pueblos los que siempre pierden”, concluyó Kicillof.
