La parálisis y la incertidumbre se están adueñando de la justicia de El Salvador por la crisis entre los poderes Legislativo y Judicial debido a la anulación de las elecciones de magistrados, que tiene al país con dos autoproclamadas cortes supremas, advirtieron ayer diversas fuentes.
Uno de los primeros hechos que reflejan esta situación es que la secretaria general de la CSJ (Corte Suprema de Justicia), María de Avendaño, decidió el martes no seguir certificando actas de reuniones de los magistrados, confirmó una fuente judicial. Gremios profesionales y empresariales, centros académicos y el ombudsman Óscar Luna expresaron su temor de que las salas del Poder Judicial caigan en la anulación mutua de fallos y que esto también afecte al funcionamiento de instancias judiciales inferiores.
El primer ejemplo de ello también se dio ayer, cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo anuló un recurso de amparo de la Superintendencia de Competencia, admitido por la Sala de lo Constitucional, en un contencioso por una multa millonaria a dos empresas harineras locales, confirmó la fuente judicial.
Desde el lunes, El Salvador tiene dos tribunales supremos, uno presidido por Ovidio Bonilla e integrado por los magistrados cuyas elecciones, hechas por el Parlamento en 2006 y el 24 de abril pasado, fueron anuladas por la Sala Constitucional el 5 de junio.
La otra corte suprema es la Sala de lo Constitucional ampliada con varios suplentes y presidida por Florentín Meléndez, a quien el anterior titular de la CSJ, Belarmino Jaime, dejó como titular “provisional” al terminar su período de tres años el 15 de julio.
