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Pandillas en El Salvador ofrecen desarme parcial

  • 12 julio 2012 /

José Miguel Insulza inició este jueves una visita de dos días a El Salvador.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió este jueves en una cárcel con líderes de las temidas pandillas de El Salvador, quienes le prometieron un 'simbólico desarme parcial' como 'gesto' en una inédita tregua que iniciaron en marzo.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, Insulza conversó en privado en una sala del penal La Esperanza, en el norte de San Salvador, con los jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Mara 18 (M-18), quienes le entregaron un pliego de demandas y le anunciaron su oferta.

'Hemos acordado hacer un nuevo gesto de buena voluntad, con el cual esperamos (...) contribuir en la recuperación de la paz social (...); consiste en un simbólico desarme parcial', subrayaron en un comunicado conjunto, leído a la prensa por uno de los líderes de la M-18, Carlos Mojica Lechuga, en la misma sala.

Insulza, quien inició este jueves una visita de dos días a El Salvador para conocer personalmente los avances de la tregua, no participó en la rueda de prensa, pero poco antes, tras salir del encuentro, se declaró 'con mucha esperanza'.

'He recibido sus propuestas, estoy muy impresionado de lo que he escuchado, fue una reunión muy importante, es un proceso en marcha (la tregua) pero nosotros le vamos a dar todo el apoyo que sea posible', afirmó Insulza, quien se reunirá más tarde con el presidente Mauricio Funes.

Los cabecillas de las maras se negaron a precisar cantidad o tipo de armas, pero dijeron que las entregarán a Insulza para que se fundan y se construya un monumento, a través del vicario militar Fabio Colindres y el ex comandante guerrillero Raúl Mijango, mediadores de la tregua.

Uno de los líderes de la MS-13, Carlos Tiberio Valladares, confirmó a la prensa que directamente pidieron a Insulza que la Organización de Estados Americanos (OEA) 'sea garante del proceso (para) que lleve a una paz social'.

Las MS-13 y M-18, que vinculadas al narcotráfico han sembrado el terror en El Salvador, Guatemala y Honduras, dispusieron en marzo una tregua que, según datos oficiales, ayudó a bajar de 14 a 5,6 el promedio diario de homicidios, aunque sectores de la sociedad dudan de su real efectividad.

Al inicio, Funes negó que su gobierno haya negociado con las pandillas, pero reconoció que permitió el traslado de los cabecillas de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a otros penales para que ordenaran a las 'clicas' (células) y se frenara la violencia.

La directora del Instituto de Opinión de la Universidad Centroamericana, Jannet Aguilar, opina que la baja en el número de homicidios es insuficiente para evaluar la efectividad o eventual sostenibilidad de la tregua, porque las denuncias de desaparecidos aumentan y además urge una política que 'privilegie la prevención' y no la represión.

Para el analista y académico Juan Ramón Medrano el desafío mayor es el 'mantenimiento' de la tregua y 'evitar que más jóvenes se sumen a las pandillas'. El Estado debe 'quitarles' los 'territorios que controlan' con proyectos sociales, apuntó.

Funes inició encuentros con empresarios, religiosos, académicos y otros sectores para alcanzar 'un gran acuerdo nacional' que ayude a generar oportunidades de empleo, a fin de reducir la pobreza que afecta al 38% de los 6,1 millones de habitantes.

A pesar de que en el marco de la tregua las pandillas decidieron en mayo cesar el reclutamiento forzoso de jóvenes y declararon los disputados centros escolares como 'zonas de paz', los crímenes y desaparición de estudiantes han continuado, según organismos sociales y de derechos humanos.

No obstante, Mijango precisó a la AFP que en los primeros 123 días de tregua se evitaron 1.077 muertes y una 'reducción significativa' de las extorsiones que las maras cometen contra particulares, comerciantes o transportistas.

En el hacinado sistema penitenciario salvadoreño, con capacidad para 8.100 reos, hay 26.195 presos, 9.627 de estos pandilleros. Pero en las calles permanecen, según el gobierno, otros 50.000 pandilleros.

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