El Congreso de Nicaragua aprobó este martes una ley para la construcción de un canal interoceánico con una inversión de 30.000 millones de dólares, que el gobierno de Daniel Ortega espera conseguir de Rusia u otros países para sacar al país de la pobreza.
'Se aprueba la Ley de Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua', anunció el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista René Núñez, al cerrar un primer debate del proyecto en lo general.
La iniciativa, aprobada por 85 de los 91 diputados nicaragüenses, establece el régimen jurídico para la construcción de la obra, que el gobierno propone abrir por cualquiera de seis posibles rutas de más de 200 km.
El objetivo de 'esta obra monumental' es propiciar un 'progreso lo suficiente rápido (...) a la nación para erradicar la pobreza', subraya la ley.
El secretario de políticas públicas de la presidencia Paul Oquist dijo días atrás que el gobierno requerirá unos 30.000 millones de dólares para construir las obras.
La ley prevé también la creación de la 'Autoridad de El Gran Canal' con una junta directiva de seis miembros nombrados por el presidente y ratificados por el Parlamento, que serán electos la primera vez por un período no mayor de 10 años, plazo previsto para la realización de la obra.
La entidad tendrá autonomía funcional y administrativa para gestionar los fondos con países o firmas extranjeras interesadas y manejar las obras, según la ley, que fue consultada con varios sectores en junio.
El gobierno prevé también que en ese lapso se crearán 600.000 puestos de trabajo para mitigar el desempleo y subempleo, que en este país afecta a poco más de un millón de personas, o al 33.6% de la Población Económicamente Activa, según estimaciones oficiales, aunque otras fuentes lo ubican en 53%.
El proyecto establece que el Estado de Nicaragua será dueño del 51% de las acciones del canal y que el resto quedará en manos de la compañía o compañías que financien las obras.
La ley permite conceder derechos exclusivos de construcción y operación del Canal, cuya área será expropiada y declarada de utilidad pública, previa indemnización a los afectados.
Según el vicecanciller, 'grandes amigos como Rusia, China, Brasil, Venezuela', Japón, y Corea del Sur, han expresado interés en financiar el proyecto.
La iniciativa es calificada por legisladores del gobernante Frente Sandinista como un 'sueño histórico', que el presidente Ortega hará realidad durante su segundo mandato iniciado en enero pasado, aunque genera dudas en medios de la oposición.
'Somos una economía pequeña, (pero) no hay gran obra que no se haya iniciado con un sueño' y la realidad ha demostrado 'que el gobierno sandinista le cumple al pueblo', afirmó la diputada oficialista Xochilt Ocampo durante los debates.
El diputado de la derecha liberal Armando Herrera dijo que los representantes de esta corriente minoritaria votaron a favor del proyecto para 'dar el beneficio de la duda' al gobierno.
'No sé si se van a conseguir los fondos para este Canal pero es una esperanza', dijo el legislador Wilfredo Navarro, también liberal.
