El año que acaba ha sido uno de los más “desafiantes y trágicos” para el periodismo en América, según la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que registró 24 asesinatos de periodistas y serias amenazas a la libertad de información por parte de Gobiernos de la región.
“Los ciudadanos tuvieron que lidiar con la violencia para poder expresarse libremente y con normas legales que desvirtuaron las garantías constitucionales sobre el derecho de los ciudadanos de estar libremente informados”, aseguró ayer esa organización tras hacer una revisión de 2011.
En cuanto a violencia contra los periodistas, “en general perpetrada por el narcotráfico y, en muchos casos, en connivencia con funcionarios corruptos”, la SIP considera que este ha sido “uno de los peores años de la década”.
La organización contabilizó el asesinato de 24 reporteros en 2011, una cifra que pone de manifiesto el “peligroso avance del crimen organizado en toda la región”. Según sus datos, el mayor número de muertes se produjo en México (7), seguido por Honduras (5), Brasil (4) y Perú (3). Además, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana registraron cada uno la muerte de un periodista. “Junto con la impunidad por crímenes ocurridos en otros años y la inacción de las autoridades para disuadir a los violentos se ha creado un círculo vicioso en el que se han nutrido altos niveles de autocensura”, aseguró la organización en un comunicado.
Ataques de los Gobiernos
Además de la violencia, la organización llamó la atención sobre los “peligrosos trámites gubernamentales contra la actividad periodística” acometidos en 2011, muchos “disfrazados de normas legales y medidas judiciales muy confusas para la opinión pública”.
Citó el caso de Ecuador, donde la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Poder Ejecutivo, continuó la discusión a favor de la sanción de una Ley de Comunicación para establecer “férreos controles y mordazas oficiales contra los medios para que no puedan desarrollar su tarea de fiscalización del Gobierno”. El Gobierno argentino “sorprendió” a la comunidad internacional cuando el Congreso logró sancionar una ley que declara al papel para periódicos de “interés público”, lo que implica, según la SIP, que “la producción y venta de este insumo estará regulado por el Estado y, por ende, podrá ser utilizado como mecanismo de presión”.
En materia legal, la SIP reconoció algunos progresos como en El Salvador y México, donde fueron despenalizados los delitos de difamación, y en Brasil, donde fue promulgada una esperada ley sobre acceso público a la información. Sin embargo expresó su preocupación por la iniciativa de algunos países de tratar de reinstaurar la colegiación obligatoria de periodistas.
En cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “inquieta que haya habido presidentes y Gobiernos que sugirieron la disolución de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión o debilitarla, restringiendo la publicación de su informe anual y recortando su presupuesto operativo”, apuntó la SIP, que se propone en 2012 “velar para que este sistema sea protegido y valorado”.
