Colombia contempla retirarse del Pacto de Bogotá debido al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre límites marinos con Nicaragua, reveló ayer la canciller María Ángela Holguín, que advirtió que el país no se va a resignar.
“Estamos pensando seriamente retirarnos del Pacto de Bogotá” (firmado en 1948, en el que Colombia acepta la competencia de la CIJ (Corte Internacional de Juscticia), dijo Holguín en una comparecencia ante la comisión segunda de la Cámara de Representantes del Congreso.
La jefa de la diplomacia colombiana aseguró que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está estudiando esa posibilidad de “forma juiciosa, seria, pero rápida”.
“Estamos protegiéndonos porque eso no nos puede volver a pasar”, agregó.
Sigue la negativa
Colombia rechaza la delimitación marítima trazada con Nicaragua por la Corte, en un fallo que reconoció la soberanía colombiana sobre islas y cayos del archipiélago de San Andrés, a la vez que extendió el espacio nicaragüense en aguas del Caribe, manifestó Santos tras la promulgación de la decisión el lunes.
Según explicó Holguín posteriormente, el rechazo de Colombia es por “aspectos del fallo en que hay inconsistencias, omisiones, en lo que tiene que ver con la plataforma continental de (las islas de) San Andrés y Providencia”.
“En ningún momento hemos dicho que no lo vamos a acatar (el fallo)”, aclaró sin embargo la ministra.
La canciller explicó ayer en otra comparecencia ante el Senado que lo que el Gobierno colombiano rechaza es que la Corte fraccionó el archipiélago. “Es algo que realmente rechazamos de pleno”.
“La Corte desconoce por completo la zona económica exclusiva y la plataforma continental porque si hubiera respetado la plataforma continental de Providencia, esa cubría Quitasueños y esa área”, dijo tras puntualizar que “esto nunca se ha visto en un fallo de la Corte”.
Holguín anunció que ayer le envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, “manifestándole el inconformismo, los vacíos jurídicos, las omisiones, las incongruencias y cómo se ven afectados los pobladores de San Andrés en sus derechos fundamentales”.
