El presidente panameño, Ricardo Martinelli, derogará 'en su totalidad' la ley que permite la venta de terrenos en la Zona Libre (franca) de la ciudad de Colón, que ha generado protestas y paros, anunció hoy el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez.
'La ley va a estar derogada el miércoles' próximo, dados los trámites legales que obligatoriamente deben seguirse, precisó Henríquez, quien 'apelo a la confianza del pueblo panameño' en el compromiso dado por el Gobierno.
Martinelli regresa el sábado por la noche de un viaje oficial por Japón y Vietnam. El anuncio tiene lugar en medio del recrudecimiento de las protestas, con una huelga de 24 horas impulsada por el poderoso sindicato de la industria de la construcción en solidaridad con los reclamos populares en la provincia de Colón, situada a 80 kilómetros al norte de la capital.
Miles de obreros bloquearon desde las primeras horas del viernes numerosos puntos de la capital lo que congestionó fuertemente el tráfico y marcharon hacia una plaza cercana a la Asamblea Nacional, que aprobó la ley hace una semana. El gobierno tiene mayoría en el legislativo.
'Abajo Martinelli', 'No a la venta de las tierras', gritaban los trabajadores mientras marchaban portando banderas rojas del sindicato que aglutina a nivel nacional a algo más de 100.000 obreros. En Colón, centenares de personas quemaron neumáticos en una calle de acceso a esa provincia.
Cientos en funeral de niño muerto en Colón
Al menos unas 500 personas marcharon el jueves en el funeral de un menor de 10 años que se convirtió el viernes de la semana pasada en la primera víctima de las protestas en la provincia portuaria de Colón cuyos habitantes se oponen a la venta de las tierras de la zona libre.
El martes se registraron otras dos muertes, cuando una mujer y un hombre fueron alcanzados al parecer por balas perdidas en incidentes separados. Al menos 40 personas, entre ellos algunos policías, han resultado heridos a bala desde el viernes, según informes del hospital público de Colón.
La primera víctima, Josué Patricio Vega, murió al ser impactado por una bala en el abdomen en una barriada pobre de la ciudad de Colón, donde manifestantes se enfrentaron a la policía hace seis días después de que la Asamblea Nacional aprobó la ley sobre la venta de los terrenos de la zona franca.
Alrededor de 500 personas marcharon con el ataúd con el cadáver de Josué Patricio por avenidas de la ciudad, mientras que la gente saludaba desde los balcones.
'Quiero que se haga justicia', dijo Eneida Vega, la mamá del pequeño, la cual dijo que por falta de dinero pudo sepultarlo recién este jueves. 'El no tenía culpa de nada, no estaba metido en protestas, ni vandalismo', agregó la mujer, quien tiene otros cinco hijos.
Vega y los vecinos de la barriada la Playita de la Feria, adyacente a la zona libre de Colón, acusan a la policía de haber disparado indiscriminadamente en los disturbios, pero el gobierno asegura que los agentes del orden han actuado con prudencia.
Durante el sepelio, Johana Taylor, mostró varios de los 19 impactos de bala de goma que, asegura, recibió en su cuerpo durante las protestas de ese día.
'Este niño es un mártir de la lucha por la defensa de las tierras que le pertenecen a toda la provincia de Colón', señaló Felipe Cabezas, dirigente del Movimiento Amplio Colonense, integrado por gremios obreros, sociales, estudiantiles e indígenas.
El movimiento tiene el apoyo de los empresarios de la provincia, situada a 80 kilómetros al norte de la capital. 'Las autoridades panameñas deben llevar a cabo una investigación completa e independiente sobre estas muertes y llevar a los responsables ante la justicia', dijo Sebastián Elgueta, investigador sobre Panamá de Amnistía Internacional, en un comunicado enviado a la AP el jueves.
Agregó que las tres muertes son las últimos de una serie de incidentes en Panamá, donde la policía ha sido señalada de usar 'la fuerza excesiva' para dispersar a manifestaciones en conflictos sociales.
En febrero, un indígena murió luego de que la policía dispersó un bloqueo carretero de nativos para rechazar proyectos mineros en sus tierras, mientras que en julio de 2010 murieron tres campesinos durante protestas contra una reforma laboral, que fueron repelidas por los agentes del orden.
En esa protesta la policía disparó balas de goma a 'corta distancia', según Amnistía Internacional. El ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, quien encabeza una comisión que busca el diálogo en Colón, dijo el martes que los agentes policiales 'han recibido ráfagas de balas' de gente armada en las protestas, agregó.
Cabezas dijo que por respeto a la familia del muchacho muerto se decidió bajar la intensidad de las protestas el jueves, por lo que antes del funeral se realizó la marcha pacíficamente por las calles de la ciudad de Colón.
Reiteró que no se sentarán a dialogar con la comisión del gobierno, hasta que el presidente Ricardo Martinelli, de viaje oficial por Japón y Vietnam, derogue la ley.
El gobierno propuso el martes modificar la norma para elevar los aportes de las ventas de las tierras de un 35 a 100% para destinarlos a proyectos sociales en Colón. Luego Martinelli se comprometió, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, a no vender las tierras, pero el Movimiento Amplio Colonense lo que quiere es la derogación de la ley.
El gobierno asegura que busca vender las tierras a las empresas que operan en la zona franca para obtener ingresos frescos y destinarlos a Colón, entre otras razones.
Establecida en 1948, la zona libre cuenta con 1.000 hectáreas (2.471 acres), de las cuales entre 500 y 600 hectáreas (1.235 y 1.482 acres) son alquiladas por 2.000 empresas, según estimaciones oficiales. Otras 1.200 empresas no tienen presencia física y operan de papel.
Se estima que la zona, que emplea a 30.000 personas, cerrará este año con un movimiento comercial por 30.000 millones de dólares.
Colón, con 245.000 habitantes, es considerada la segunda provincia en importancia del país en lo económico y logístico, aunque la pobreza afecta a la mitad de sus habitantes, según cifras oficiales e independientes.
