Brasília.
Bajo un clima de alta tensión, el Senado brasileño se sumió ayer en un juicio para decidir si Dilma Rousseff debe abandonar el gobierno del país más grande de América Latina.
“¿Cuál es la moral de este Senado para juzgar a la presidenta Dilma?”, lanzó la senadora Gleisi Hoffmann del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza de izquierda que está al mando del país desde hace trece años. “Sí, tenemos moral y vamos a cumplir con nuestra misión”, respondió el senador Laisier Martins, del Partido Democrático Laborista (PDT), quien ya se pronunció a favor del impeachment contra Rousseff.
La final de este dramático juicio político ocurre tras meses de acusaciones, que han dividido a un país azotado por una recesión galopante, un creciente desempleo (más de 11 millones de personas y un masivo escándalo de corrupción que pone en aprietos a toda su clase política, tanto de izquierda como de derecha.
Más de la mitad de los 81 senadores que deciden el futuro político de la mandataria están señalados o investigados por causas de corrupción.
Los expertos coinciden en que sólo un milagro podría devolver al poder a la exguerrillera, la primera mujer en ocupar la presidencia de Brasil, acusada de maquillar las cuentas públicas. Y quizá también la primera en ser sacada del poder a través del impeachment.
En ese caso el mandato de Rousseff será completado hasta 2018 por Michel Temer, su exvicepresidente devenido en archienemigo, y que gobierna desde el 12 de mayo, cuando la mandataria de 68 años fue suspendida.
Bajo un clima de alta tensión, el Senado brasileño se sumió ayer en un juicio para decidir si Dilma Rousseff debe abandonar el gobierno del país más grande de América Latina.
“¿Cuál es la moral de este Senado para juzgar a la presidenta Dilma?”, lanzó la senadora Gleisi Hoffmann del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza de izquierda que está al mando del país desde hace trece años. “Sí, tenemos moral y vamos a cumplir con nuestra misión”, respondió el senador Laisier Martins, del Partido Democrático Laborista (PDT), quien ya se pronunció a favor del impeachment contra Rousseff.
La final de este dramático juicio político ocurre tras meses de acusaciones, que han dividido a un país azotado por una recesión galopante, un creciente desempleo (más de 11 millones de personas y un masivo escándalo de corrupción que pone en aprietos a toda su clase política, tanto de izquierda como de derecha.
Más de la mitad de los 81 senadores que deciden el futuro político de la mandataria están señalados o investigados por causas de corrupción.
Los expertos coinciden en que sólo un milagro podría devolver al poder a la exguerrillera, la primera mujer en ocupar la presidencia de Brasil, acusada de maquillar las cuentas públicas. Y quizá también la primera en ser sacada del poder a través del impeachment.
En ese caso el mandato de Rousseff será completado hasta 2018 por Michel Temer, su exvicepresidente devenido en archienemigo, y que gobierna desde el 12 de mayo, cuando la mandataria de 68 años fue suspendida.
Los sondeos indican una tendencia prácticamente irreversible en favor de la destitución, que requiere de una mayoría especial de 54 votos (dos tercios) de los 81 senadores. La votación final, en la que se definirá si se le impugna el mandato, se prevé a comienzos de la semana próxima.
El lunes será la propia Rousseff la que tomará la posta de la defensa. Tras escuchar a Rousseff, habrá un espacio para debates y, una vez concluidos, el Senado procederá a la votación en que decidirá su suerte.
De la jornada de ayer
El procurador del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira, que detectó las irregularidades que dieron pie al proceso contra Rousseff, detalló las prácticas ilegales que supuestamente cometió la mandataria al comparecer ayer ante el pleno del Senado, citado por la parte acusadora. De Oliveira declaró que la presidenta Rousseff, incurrió un “gran fraude fiscal”.
Este procurador aclaró que “no son actos de tipo penal”, pero que sí violan diversos aspectos de la Constitución y de la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público. En su opinión, durante la gestión de Rousseff hubo “una evidente falta de probidad en el manejo de los recursos públicos” y un “gran fraude fiscal”, cometido a pesar de que el Gobierno había sido advertido sobre esos asuntos.
De Oliveira fue el primero de los dos testigos de la acusación escuchados por el Senado, ante el cual también se presentarán otros seis citados por la defensa. Las declaraciones de los testigos terminarán esta noche o mañana, tras lo cual habrá un receso hasta el lunes, cuando comparecerá la propia Rousseff.
