Ciudad de Guatemala, Guatemala
La empresa holandesa APM Terminals, parte del Grupo Maersk, aceptó pagar a Guatemala una cifra no determinada para seguir operando una terminal de contenedores, en compensación por anomalías en las que habría incurrido la anterior operadora, la española TCB, informó este lunes una fuente empresarial.
'APM Terminals acepta la propuesta (de reparación) que le permitirá operar la Terminal de Contenedores Quetzal' en el Pacífico de Guatemala, dijo en un comunicado Susanne Marston, vicepresidenta de la empresa, que había comprado el contrato a la empresa española antes de que se constataran las incumplimientos.
La propuesta incluye el pago de una reparación civil, la anulación del contrato de usufructo con la española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y la firma de un nuevo contrato de concesión para APM, que deberá ser aprobado por el Congreso.
La semana pasada el interventor del puerto, Alexander Aizenstadt, dijo que para que volviera a operar esa terminal era necesario la cancelación de una reparación civil de 43,2 millones de dólares, la anulación del contrato anterior y la firma de uno nuevo.
Sin embargo, la empresa no precisó si pagaría el monto establecido por el interventor.
'Esperamos que las autoridades acepten los términos de la propuesta y podamos así alcanzar un acuerdo para comenzar a operar esta necesaria y moderna terminal', afirmó Marston.
El año pasado, durante el proceso por corrupción contra el encarcelado expresidente guatemalteco, Otto Pérez, salieron a la luz anomalías en el contrato firmado entre la española TCB y la estatal Empresa Porturia Quetzal para la operación del puerto.
Según la investigación de la Fiscalía, en la firma del contrato por 25 años, que se firmó el 4 de abril de 2012, medio el pago de comisiones ilegales por 30 millones de dólares para los gestores nacionales e internacionales, incluidos Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Debido a estas anormalidades, el actual presidente Jimmy Morales instruyó a la Procuraduría General para iniciar el proceso de anulación del contrato, que había adquirido APM Terminals desde el 8 de marzo de 2016.
'Después de dicha adquisición, APM Terminals se enteró de la presunta conducta indebida, realizada varios años antes por el propietario anterior', aseguró la vicepresidenta de la transnacional holandesa.
'Apreciamos que se haya reconocido que APM Terminals no participó en ninguna de las supuestas conductas indebidas que están sujetas al caso penal. Estamos dispuestos, no obstante, a asumir una responsabilidad económica y moral en este caso', puntualizó.
La empresa holandesa APM Terminals, parte del Grupo Maersk, aceptó pagar a Guatemala una cifra no determinada para seguir operando una terminal de contenedores, en compensación por anomalías en las que habría incurrido la anterior operadora, la española TCB, informó este lunes una fuente empresarial.
'APM Terminals acepta la propuesta (de reparación) que le permitirá operar la Terminal de Contenedores Quetzal' en el Pacífico de Guatemala, dijo en un comunicado Susanne Marston, vicepresidenta de la empresa, que había comprado el contrato a la empresa española antes de que se constataran las incumplimientos.
La propuesta incluye el pago de una reparación civil, la anulación del contrato de usufructo con la española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y la firma de un nuevo contrato de concesión para APM, que deberá ser aprobado por el Congreso.
La semana pasada el interventor del puerto, Alexander Aizenstadt, dijo que para que volviera a operar esa terminal era necesario la cancelación de una reparación civil de 43,2 millones de dólares, la anulación del contrato anterior y la firma de uno nuevo.
Sin embargo, la empresa no precisó si pagaría el monto establecido por el interventor.
'Esperamos que las autoridades acepten los términos de la propuesta y podamos así alcanzar un acuerdo para comenzar a operar esta necesaria y moderna terminal', afirmó Marston.
El año pasado, durante el proceso por corrupción contra el encarcelado expresidente guatemalteco, Otto Pérez, salieron a la luz anomalías en el contrato firmado entre la española TCB y la estatal Empresa Porturia Quetzal para la operación del puerto.
Según la investigación de la Fiscalía, en la firma del contrato por 25 años, que se firmó el 4 de abril de 2012, medio el pago de comisiones ilegales por 30 millones de dólares para los gestores nacionales e internacionales, incluidos Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Debido a estas anormalidades, el actual presidente Jimmy Morales instruyó a la Procuraduría General para iniciar el proceso de anulación del contrato, que había adquirido APM Terminals desde el 8 de marzo de 2016.
'Después de dicha adquisición, APM Terminals se enteró de la presunta conducta indebida, realizada varios años antes por el propietario anterior', aseguró la vicepresidenta de la transnacional holandesa.
'Apreciamos que se haya reconocido que APM Terminals no participó en ninguna de las supuestas conductas indebidas que están sujetas al caso penal. Estamos dispuestos, no obstante, a asumir una responsabilidad económica y moral en este caso', puntualizó.
