Washington, Estados Unidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos pospuso ayer su decisión de tomar en consideración o no el caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en materia migratoria, una decisión que, tras su fallo, afectará a más de cinco millones de indocumentados en el país.
En caso de aceptar, y tras meses de litigios, la máxima corte pondría fin al debate sobre la legitimidad del mandatario para otorgar alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular.
Obama decidió actuar de manera unilateral después de que el Congreso, de mayoría republicana, no accediera a legislar sobre una reforma integral del sistema migratorio, una de sus prioridades desde que se presentara a la Presidencia del país en 2008; pero sus medidas fueron bloqueadas en los tribunales. Los jueces retomarán de nuevo su deliberación el martes de la próxima semana.
El mandatario decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que -según los conservadores- ha cruzado los límites constitucionales.
El plan migratorio pretende, en palabras de la Casa Blanca, “dar prioridad a la deportación de criminales y no a las familias”.
Liderados por Texas, 26 estados presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del Presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.
Si los nueve jueces que integran el Supremo estadounidense deciden no tomar el caso a consideración, las medidas del mandatario quedarían invalidadas.
La Corte Suprema de Estados Unidos pospuso ayer su decisión de tomar en consideración o no el caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en materia migratoria, una decisión que, tras su fallo, afectará a más de cinco millones de indocumentados en el país.
En caso de aceptar, y tras meses de litigios, la máxima corte pondría fin al debate sobre la legitimidad del mandatario para otorgar alivio migratorio a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños, así como a los padres de ciudadanos estadounidenses o residentes que estén en situación irregular.
Obama decidió actuar de manera unilateral después de que el Congreso, de mayoría republicana, no accediera a legislar sobre una reforma integral del sistema migratorio, una de sus prioridades desde que se presentara a la Presidencia del país en 2008; pero sus medidas fueron bloqueadas en los tribunales. Los jueces retomarán de nuevo su deliberación el martes de la próxima semana.
El mandatario decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados, una postura que -según los conservadores- ha cruzado los límites constitucionales.
El plan migratorio pretende, en palabras de la Casa Blanca, “dar prioridad a la deportación de criminales y no a las familias”.
Liderados por Texas, 26 estados presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del Presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado.
Si los nueve jueces que integran el Supremo estadounidense deciden no tomar el caso a consideración, las medidas del mandatario quedarían invalidadas.
