Ciudad de México, México
La Misión Internacional de Verificación sobre la Situación de los Derechos Humanos de la Población Migrante Hondureña (MIV) llamó al Estado mexicano a detener el endurecimiento de su política migratoria, y garantizar mejores condiciones de refugio, o en su caso de deportación, a esta población que es víctima de delitos en su país de origen y durante su tránsito por México y hacia EUA.
El informe, Situación de los derechos humanos de la población migrante hondureña y su derecho a la protección internacional, presentado en el Senado de la República de México, dice que desde la implementación del Programa Frontera Sur el grado de violencia que viven los migrantes en su paso por México ha crecido; pero no solo del crimen organizado, sino de autoridades migratorias y de Ferromex, dueña del tren conocido como “La Bestia”.
Aunque la violencia y persecución contra los migrantes se recrudeció con dicho programa, la situación no es nueva.
Casos como el asesinato de 49 migrantes en Cadereyta, Querétaro; los 72 migrantes asesinatos en San Fernando, Tamaulipas; o el hallazgo de 193 cuerpos (presuntamente de centroamericanos) en fosas en 2011, son muestra de la deuda que tiene México en el tema, indica el documento.
Con el Programa Frontera Sur, actual política que rige el tránsito migratorio en México, se aceleraron las deportaciones sin la debida protección. Según el Centro de Atención al Migrante Retornado, 24,030 personas fueron deportadas desde México hasta Honduras en el primer semestre de 2015, mientras que solo 7,740 personas fueron deportadas desde EUA.
Más refugio, menos deportación. Al presentar los resultados, Pilar Trujillo Uribe, directora ejecutiva de Consejería en Proyectos (PCS), expresó que la recomendación concreta al gobierno de México es que acepte más solicitudes de refugio humanitario. Enfatizó la necesidad de que en temas migratorios el enfoque de género no sea soslayado, ya que “no es igual la migración de una mujer que la de un hombre por razones que deben ser conocidas, establecidas y diferenciadas”.
El texto indica que, “actualmente, los mecanismos de protección internacional a nivel regional no están adecuados a los desafíos planteados por la realidad hondureña... se ha detectado una política de desincentivo de la solicitud de la condición de refugiado. El caso más claro es México, donde se está observando un patrón de obstaculización y arbitrariedad a la hora de ejecutar los mecanismos de protección internacional. También existen graves carencias y falencias en la protección consular que brinda el Estado hondureño a sus connacionales en la ruta migratoria”.
Trujillo agregó que otra recomendación es desactivar el Programa Frontera Sur, que el Ejecutivo mexicano presentó en julio pasado, “por ser un plan que contradice el discurso de respeto y protección a los derechos humanos, porque lo único que ha hecho es blindar la frontera y el país en detrimento de los derechos de las y los migrantes”.
Deportación inhuman. Los expertos demandaron que se garanticen condiciones dignas y seguras durante la detención, traslado y repatriación de la población migrante hondureña, y que las mujeres embarazadas y la niñez, que son deportadas por tierra en viajes de hasta 30 horas, sean retornadas vía aérea.
