Washington, Estados Unidos.
El gobierno del presidente Barack Obama cuestionará ante la Corte Suprema la decisión de una tribunal de apelaciones que mantuvo el lunes el bloqueo a las medidas de alivio migratorio anunciadas en noviembre del año pasado, informó el martes un vocero del Departamento de Justicia.
Esa cartera 'no está de acuerdo con el fallo adverso' del tribunal de apelaciones 'y pretende solicitar una revisión por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos', expresó el vocero del departamento, Patrick Rodenbush, en una nota oficial.
En la noche del lunes, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, mantuvo el bloqueo a la aplicación de los decretos con medidas de alivio migratorio, manteniendo vigente una decisión de un tribunal distrital de Texas en febrero, que paró en seco todo el proceso.
De acuerdo con Rodenbush, el Departamento de Justicia está 'determinado a tomar los pasos necesarios para resolver este litigio', dado que el Departamento de Seguridad precisa de esos decretos para priorizar la deportación de 'aquellos que cometen crímenes, no de personas que tienen lazos con EUA ni aquellos que están criando niños estadounidenses'.
Obama había anunciado el pasado 20 de noviembre un conjunto de decretos que permitían a inmigrantes ilegales cuyos hijos ya regularizaron su situación en Estados Unidos beneficiarse de la misma legislación, una medida que, se estima, ayudaría a sacar de la ilegalidad a por lo menos cuatro millones de personas.
El objetivo fundamental de los decretos firmados por Obama era tratar de contener la deportación masiva de inmigrantes ilegales, incluso de personas cuyos hijos ya pasaron a tener su situación resuelta.
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Sin embargo, en enero los gobernadores de 26 estados cuestionaron ante la justicia la constitucionalidad de las medidas, por considerar que Obama carecía de la autoridad para actuar por tratarse de una cuestión bajo análisis del Congreso.
El presidente esperaba que los decretos tuvieran efecto antes de su salida de la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, pero con el envío del caso a la Corte Suprema aún no está claro si los plazos permitirán que ello ocurra.
