28/03/2024
06:46 AM

Patrulla Fronteriza viola protocolos con menores migrantes

Un informe del Congreso afirma que la ley se aplica de manera “inconsistente” con los menores no acompañados

Washington, EUA

Que el sistema migratorio de EUA está “roto” lo dice el mismísimo presidente, Barack Obama. Ahora, una auditoría encargada por el Congreso pone el foco en el primer eslabón de esta cadena: la Patrulla Fronteriza (CBP).

Su “inconsistente” manera de aplicar la ley ha puesto en riesgo la vida de miles de menores mexicanos y centroamericanos que se arriesgaron a buscar el sueño americano por su cuenta y riesgo.

El informe de la Agencia Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO, un órgano auditor financiado por el Congreso de EUA) determina, tras casi un año de investigación, que los agentes fronterizos no están aplicando “de manera consistente” los protocolos que establece la Ley de Protección a las Víctimas de Tráfico. ¿Significa eso que la CBP está incumpliendo la ley?

“Nosotros no hemos dicho exactamente eso”, matiza a DIARIO LA PRENSA la directora del estudio Rebecca Glamber. “Creemos que es más exacto decir que no están siguiendo los protocolos que establece la ley para analizar el riesgo en que se encuentran los niños”, añade.

“Yo no tengo problema en inferir que eso es una violación a la ley” asegura a LA PRENSA el investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, Héctor Silva Avalos quien califica las conclusiones del informe como “muy fuertes”.

Foto: La Prensa

Miles de menores no han tenido la oportunidad de afrontar un proceso de deportación justo, según el informe.
Deportaciones arbitrarias

Desde 2008, la Ley de Protección a las Víctimas de Tráfico obliga al Departamento de Seguridad Interna (DHS) a evaluar a los menores detenidos en la frontera para determinar si son aspirantes legítimos a pedir asilo.

El primer eslabón de la cadena jurídica lo forman los agentes de la CBP. A través de una entrevista personal, los agentes fronterizos deben determinar si el menor expresa un “miedo creíble” a ser devuelto a su lugar de origen, ya sea por riesgo de sufrir violencia o de caer en las redes de tráfico de personas.

En esa primera entrevista está, en buena parte, el destino del menor. Y es en ese punto donde el sistema falla.
La auditoría de GAO descubrió que en la mayoría de casos en que el menor es directamente deportado, los agentes de la CBP no documentaron las razones de su decisión ni guardaron acta de la entrevista, lo cual hace sospechar de arbitrarierades en las deportaciones.

“Lo más grave”, añade Silva Ávalos, “es que están deportando a la mayoría de los menores de 14 años pese a que la misma ley establece que, a esa edad, los niños no tienen capacidad de decidir racionalmente si están en peligro o no”. Según la auditoría de GAO, el 93% de los mexicanos menores de 14 años fueron deportados en la misma frontera.

Sin embargo, superar el primer filtro no garantiza gran cosa. Los agentes de la CBP no suelen facilitar al menor un acta de su declaración donde se expresa que este tiene un “miedo creíble” a ser deportado. Este “olvido” se suele pagar caro en el proceso judicial.

“Si en el alegato inicial el juez ve que no hay un acta de un agente fronterizo, lo desechan de entrada” asegura Silva Ávalos, quien añade que la inmensa mayoría de los menores nunca pide ese documento por desconocimiento.

Consecuencias

El informe de GAO finaliza con doce recomendaciones que se centran en garantizar una mayor transparencia en las decisiones que toma la CBP sobre el futuro de miles de muchachos.

“Va a haber consecuencias, pero no de la noche a la mañana”, afirma Silva Avalos. “Es probable que el Congreso exija a la CBP que cumpla el protocolo al detalle pero hasta que eso pase, en la frontera cada día seguirá pasando lo mismo”, añade antes de recordar otro obstáculo para la solución a estos problemas.

“Estamos en año preelectoral, hay una paralizacion practica del país. A no ser que el presidente se lo tome muy en serio esto no se arreglará pero no creo que el deje mas capital politico en este asunto”, asevera.

Según GAO, el 45% de los menores centroamericanos aprehendidos entre 2012 y 2014 fueron deportados desde el mismo punto fronterizo incumpliéndose así los protocolos de la Ley de Protección a las Víctimas de Trata.