Ciudad de México.
El hondureño Ángel Amílcar Colón, acusado en México de crimen organizado y declarado 'preso de conciencia' por Amnistía Internacional, AI, regresó a ese país para limpiar su nombre y que el Estado mexicano lo indemnice por el daño provocado.
El migrante hondureño, de 38 años, fue detenido en 2009 por la policía mexicana en Tijuana mientras esperaba cruzar a Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Antes de ser enviado a la prisión fue torturado y humillado por militares. Allí permaneció preso por más de 5 años hasta que, gracias a la intervención de AI, un juez lo exoneró en 2014 y pudo finalmente ser liberado y retornado a Honduras.
Ahora, Colón reclama justicia y que se castigue a los militares que lo torturaron y lo obligaron a declararse culpable de delitos que no cometió. 'Si mi caso no llega a concluirse es un antecedente no prometedor para los mexicanos y extranjeros que han sido víctimas de tortura”, dice.
Sin embargo, la indemnización por parte del Gobierno mexicano no será tarea fácil para el migrante hondureño. En diciembre de 2014 las autoridades de ese país solicitaron a Ángel documentos que comprobaran gastos hechos por su familia en tratamientos médicos y psicológicos. Estos se incluirían como “daños emergentes” que se sumarían a una indemnización general, reseña el diario español El País.
Ángel reconoce que su petición es difícil. “No ando soñando en la reparación, creer que eso va a solucionar mi futuro sería engañarme”, apuntó. Prefiere concentrarse en la siembra de bananas en Honduras. También quiere recuperar el tiempo perdido con su familia. “Mi hijo creció sin mí. Cuando uno se aleja se pierde el cariño”, agrega.
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Entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 7.000 quejas por tortura y malos tratos. Solo existen seis sentencias por este delito desde 2005, según un informe de Amnistía Internacional. “Torturar no cuesta nada en México. Ni administrativamente, ni penalmente”, señala el abogado Luis Tapia, uno de los abogados de la víctima.
Entretanto, Colón espera que el nuevo comisionado de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, puede darle una pronta solución a su demanda.
