San Diego, Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ultima la recepción de cientos o quizá miles de peticiones de personas que fueron deportadas tras ser obligadas a firmar su salida voluntaria y que podrían solicitar regresar al país para pelear su caso.
Del 27 de junio hasta el 23 de diciembre, ACLU someterá ante el Gobierno federal solicitudes de inmigrantes que cumplen con los requisitos para calificar dentro de la demanda colectiva López-Venegas vs Johnson, lo que les brindaría una oportunidad para volver a Estados Unidos y presentar su caso ante un juez de inmigración.
Según datos proporcionados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), se estima que durante el periodo establecido en la demanda, unos 30,000 indocumentados firmaron su salida voluntaria y, aunque desconocen cuántos de ellos califican para regresar, estiman serán 'una pequeña fracción del número total'.
Entre los requisitos para formar parte de este acuerdo, la persona tuvo que haber sido expulsada tras firmar su salida voluntaria entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014, además de haber sido procesados por ICE en el sur de California o por la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego.
Aunado a ello, se debe haber tenido una razón para permanecer en Estados Unidos al momento de firmar la salida voluntaria, como calificar en el programa de Acción Diferida (DACA), haber vivido más de diez años en Estados Unidos y tener hijos, padres o cónyuge que sean ciudadanos o residentes legales permanentes, entre otros.
'El calificar para esta demanda colectiva no significa que automáticamente la persona recibirá el derecho de permanecer en el país, lo que este caso logró es que regresen para que aquí presenten el caso ante un juez', dijo Gabriela Rivera, abogada de ACLU en San Diego.
Hasta el momento, ACLU ha recibido cerca de 1.300 llamadas y mensajes de inmigrantes deportados que podrían calificar, cifra que podría aumentar todavía más en los próximos seis meses, indicó Vanessa Ceceña, coordinadora de admisiones.
El acuerdo entre ACLU y el Gobierno llegó tras la resolución de una demanda interpuesta en junio de 2013, en la que se señaló que agencias de inmigración hostigaban y proveían información errónea.
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Como parte de esta demanda colectiva, tanto la Patrulla Fronteriza como ICE accedieron a cambiar sus prácticas y capacitar a sus oficiales para que informen a inmigrantes sobre las consecuencias de firmar una salida voluntaria, así como permitirles hacer una consulta que les permita tomar una mejor decisión.
Pese a que esta demanda colectiva beneficia únicamente a personas que fueron deportadas desde el sur de California, el abogado de ACLU Bardis Vakili no descarta que más adelante la lucha se extienda al resto de la frontera.
