Washington, Estados Unidos.
El Tribunal Supremo de EUA rechazó hoy una apelación del estado de Arizona para que volviera a entrar en vigor una ley que negaba la concesión de la libertad bajo fianza a los inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos.
La máxima instancia judicial del país comunicó su rechazo a pronunciarse sobre la petición del condado de Maricopa (Arizona) para que volviera a entrar en vigor dicha ley, aprobada en 2006 por los votantes del estado.
Esta legislación, conocida como Proposición 100, impedía salir en libertad bajo fianza a aquellas personas acusadas de delitos 'graves' (como hurto, robo de identidad, asalto sexual o asesinato) que 'habían entrado o permanecido en Estados Unidos de manera ilegal'.
Cuatro de los nueve jueces del Supremo, que tienen cargos vitalicios, deben votar a favor para que un caso examinado por instancias judiciales inferiores vuelva a ser considerado.
En esta ocasión, solo tres magistrados consideraron oportuno atender la petición del condado de Maricopa, así que el Supremo no emitió una opinión al respecto, respaldando la decisión que tomó en octubre de 2014 la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, ubicada en San Francisco (California).
En el mismo sentido, los abogados del condado de Maricopa argumentaron en su petición que los inmigrantes que estaban en el país de forma ilegal no tenían suficiente arraigo como para permanecer en EUA a la espera de juicio, de forma que había que mantenerlos en prisión para que rindieran cuentas ante la Justicia.
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Frente a ello, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), personada en el caso, argumentó ante las diferentes instancias judiciales que la ley de Arizona privaba a los inmigrantes de un juicio justo y violaba su presunción de inocencia.
El estado de Arizona es conocido por sus controvertidas medidas migratorias, como la ley SB1070, que entró en vigor en 2010. Esta legislación daba amplios poderes a las autoridades locales y estatales para detener a las personas sospechosas de estar ilegalmente en el país y consideraba un delito que los inmigrantes no pudieran presentar ante la Policía la documentación pertinente para acreditar que residían en EUA de forma legal.
