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EUA: Congreso aprueba fondos de seguridad nacional sin tocar inmigración

  • 04 marzo 2015 /

La Cámara de Representantes aprobaron ayer el presupuesto para el DHS dejando de lado la acción ejecutiva migratoria.

Washington, Estados Unidos.

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cedieron hoy al fin y permitieron que el Congreso aprobara los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para todo el año fiscal, y sin condiciones vinculadas a las medidas migratorias tomadas por el presidente Barack Obama.

Tras dos semanas de debate a causa de la presión de un sector de los republicanos para supeditar la financiación del DHS a bloquear las medidas migratorias del mandatario, la Cámara Baja aprobó finalmente por 257 votos a favor contra 137 votos en contra el texto sin condiciones, que ya había sido aprobado por el Senado.

'Hoy, después de demasiado tiempo, el Congreso finalmente votó para financiar completamente al DHS. Para garantizar que nuestro país está protegido y que los trabajadores del departamento tienen los recursos que necesitan para hacer su trabajo, firmaré la ley tan pronto como llegue a mi despacho', dijo Obama, según un comunicado de la Casa Blanca.

Tanto los demócratas como el propio presidente habían advertido de que harían todo lo posible para frenar cualquier legislación que atente contra las acciones ejecutivas en materia migratoria anunciadas el pasado noviembre.

Esas medidas temporales evitarán que cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados sean deportados a sus países de origen, mientras que priorizarán la deportación de aquellos que hayan cometido delitos o sean un peligro para el país.

Desde entonces, el ala más conservadora el Partido Republicano ha tratado de minar el éxito de las medidas, tanto por la vía legislativa como por la judicial.

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A apenas a dos días de que se abrieran las inscripciones para que los posibles beneficiarios optaran al amparo de las medidas, un juez federal en Texas las puso el pasado mes en suspenso como una medida cautelar al considerar la denuncia de 26 estados (gobernados por los conservadores) que alegan que la decisión de Obama es inconstitucional.

Aunque el Gobierno estadounidense ya comenzó el proceso de apelación, las acciones continúan paralizadas hasta que haya una decisión en firme.