Ciudad de México.
Las autoridades del estado mexicano de Chiapas (sureste) desprotegieron a dos migrantes hondureñas indocumentadas que denunciaron haber sido extorsionadas y amenazadas por un grupo delictivo y que finalmente fueron asesinadas, según una investigación del Ombudsman de México difundida el viernes.
Las dos mujeres fueron asesinadas el 30 de mayo de 2013 por miembros de una banda delictiva cuando viajaban clandestinamente en uno de los trenes de carga conocidos como 'La Bestia' porque se negaron a pagar la extorsión que les pedían para permitirles seguir su trayecto hacia Estados Unidos.
Las autoridades del estado mexicano de Chiapas (sureste) desprotegieron a dos migrantes hondureñas indocumentadas que denunciaron haber sido extorsionadas y amenazadas por un grupo delictivo y que finalmente fueron asesinadas, según una investigación del Ombudsman de México difundida el viernes.
Las dos mujeres fueron asesinadas el 30 de mayo de 2013 por miembros de una banda delictiva cuando viajaban clandestinamente en uno de los trenes de carga conocidos como 'La Bestia' porque se negaron a pagar la extorsión que les pedían para permitirles seguir su trayecto hacia Estados Unidos.
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Un día antes, las migrantes fueron a declarar ante la fiscalía especializada en delitos contra los migrantes de Chiapas y denunciaron que las habían amenzado 'varios hombres tatuados' y armados que extorsionaban a indocumentados.
Por su testimonio, 'las víctimas tenían derecho a que la autoridad investigadora dictara las providencias legales necesarias para proteger su vida', dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (Ombudsman) en un comunicado.
Gobernador debe disculparse con familia de las víctimas
A la Comisión le preocupa 'que la atención que se otorgó a las agraviadas, en su calidad de testigos y víctimas, fuera inaceptable ya que el propio sistema al que pidieron justicia fue el que agravó su situación al grado que, al dejarlas sin protección, al día siguiente perdieron la vida', recalcó este organismo autónomo.
Al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, la Comisión le pide que diseñe políticas para la protección de los migrantes y que ofrezca una disculpa institucional a familiares de las víctimas 'que implique el reconocimiento de violaciones a derechos humanos en que incurrió el personal de la procuraduría estatal'.
Se calcula que unos 200.000 extranjeros indocumentados, la mayoría centroamericanos, ingresan cada a año a México para tratar de buscar una mejor vida en Estados Unidos, en un camino plagado de amenazas de organizaciones criminales que los secuestran, extorsionan y asesinan.
