Washington, Estados Unidos.
El artículo 3 de la Convención explicita que los Estados parte
no deben expulsar, retornar o extraditar a personas a un país tercero donde haya evidencias de que podrían estar en peligro o sufrir torturas.
'Lo que nosotros pedimos es que se analice correctamente cada caso, que se verifique si los inmigrantes indocumentados estarán en peligro si son devueltos a su país', precisa Alessio Bruni, uno de los dos relatores del informe.
Asimismo, el Comité pide que se lleven a cabo de forma correcta y adecuada los procesos de determinación del estatus de refugiado y de solicitante de asilo, que estos procesos se mantengan confidenciales y que tengan en consideración el estatus especial de mujeres, niños, víctimas de torturas o personas con necesidades especiales.
Estados Unidos debería analizar minuciosamente el caso de cada inmigrante que cruza ilegalmente su frontera y, antes de expulsarlo, tener en cuenta la 'situación de seguridad' en México y América Central, según especificó las Naciones Unidas.
Esta es una de las principales recomendaciones que el Comité contra la Tortura de la ONU ha incluido en las conclusiones sobre el caso de Estados Unidos presentadas hoy, luego de que representantes de EUA comparecieron la semana pasada ante esta entidad.
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El Comité dedica un apartado específico de sus conclusiones a 'las solicitudes de asilo en la frontera suroccidental' de Norteamérica.
En ese apartado, el Comité muestra su 'preocupación por la expansión de las expulsiones rápidas, que no tienen en consideración las circunstancias especiales de los solicitantes de asilo y otras personas que necesitan protección internacional'.
Los expertos lamentan que los agentes de fronteras y las agencias de inmigración 'no identifiquen correctamente' a todas las personas, y que no se les otorgue el derecho a una entrevista en la que se determine su estatus.
Ante esta realidad, el Comité solicita a Estados Unidos que haga un 'meticuloso informe sobre el riesgo de que no se tenga en cuenta el artículo 3 de la Convención, especialmente teniendo en consideración la actual situación de seguridad en México y en el Triángulo Norte de América Central'.
 Se estima que el Gobierno del presidente Obama ha deportado a unos dos millones de indocumentados desde el 2008.
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'Lo que nosotros pedimos es que se analice correctamente cada caso, que se verifique si los inmigrantes indocumentados estarán en peligro si son devueltos a su país', precisa Alessio Bruni, uno de los dos relatores del informe.
Asimismo, el Comité pide que se lleven a cabo de forma correcta y adecuada los procesos de determinación del estatus de refugiado y de solicitante de asilo, que estos procesos se mantengan confidenciales y que tengan en consideración el estatus especial de mujeres, niños, víctimas de torturas o personas con necesidades especiales.
