El escándalo por la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en septiembre cobró el jueves la primera víctima política con la salida del cargo del cuestionado gobernador de la convulsa región de Guerrero (sur).
Sin apoyos políticos, el gobernador Ángel Aguirre compareció ante los medios en Chilpancingo (capital de Guerrero) para anunciar que solicitó al Congreso regional que le otorgue una licencia para abandonar el cargo.
Lea más: México busca a los 43 estudiantes por cielo, tierra y mar
Además: La siniestra 'reina de Iguala' que ordenó la desaparición de estudiantes
El clamor por la renuncia de Aguirre, gobernador desde el 2011 por el izquierdista PRD, no sólo había crecido en las masivas manifestaciones que exigen la aparición con vida de los jóvenes, quienes desaparecieron la noche del 26 de septiembre después de ser atacados por la policía municipal de Iguala (Guerrero).
A Aguirre se le recrimina su falta de respuesta ante las desapariciones y no haber frenado la violencia del crimen organizado que azota a la empobrecida Guerrero, la región con los mayores índices de asesinato del país.
También le han llovido críticas, al igual que al gobierno federal, por no haber actuado frente a los indicios de nexos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa con el cártel narcotraficante Guerreros Unidos.
 María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es acusada de haber ordenado la desaparición de los estudiantes mexicanos.
|
Según las investigaciones, el alcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda, que siguen prófugos, ordenaron a sus policías reprimir a los estudiantes. Los agentes les entregaron después a sicarios de Guerreros Unidos.
