Buenos Aires, Argentina.
Un tribunal argentino comenzó a juzgar hoy por el presunto asesinato de su marido a la joven indígena boliviana Reina Maraz, que no tuvo un intérprete de quechua para defenderse y pasó más de un año en prisión preventiva sin entender el delito del que se la acusaba.
Maraz, la única procesada tras el fallecimiento del otro presunto coautor del asesinato, defendió su inocencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Quilmes, en la periferia sur de Buenos Aires, informó a Efe la directora de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Margarita Jarque.
Durante su testimonio, que se prolongó tres horas, Maraz rememoró cómo su familia política le retuvo la documentación cuando llegó a Argentina y los abusos que sufrió por parte de su esposo, Limber Santos, entre ellos una golpiza que la dejó inconsciente y de la que despertó en el hospital.
La pena solicitada por la Fiscalía se conocerá mañana, en la segunda y última jornada del juicio, agregó Jarque.
'Es un caso que expresa la interseccionalidad de derechos vulnerados. Es mujer, migrante, pobre y víctima de violencia. Centra en ella una serie de derechos que se vulneran y en esos casos el Estado tiene que considerar un plus de atención', remarcó la abogada.
Acusada de homicidio agravado, permaneció varios meses privada de libertad en una comisaría de La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde en un primer momento se le denegó la atención médica que solicitaba por estar embarazada.
Su vecino Tito Vilca, acusado de ser su cómplice, falleció el año pasado en prisión.
La situación de Maraz suscitó el interés de un grupo de diputados que en 2013 alertaron sobre la 'posible vulneración del derecho de defensa' de la acusada.
'Nos hacemos eco de un caso particular pero no único en nuestro país, en el que una persona indígena es sometida a un proceso judicial que no puede comprender, por no hablar español, por hablar el idioma quechua y carecer los organismos competentes de intérpretes en lenguas originarias', firmaron los diputados Antonio Riestra y Liliana Parada, entre otros. EFE
