El negocio de encarcelar a familias en situación irregular

La reciente ola de niños migrantes no acompañados provocó un cambio en la estrategia de la administración Obama para contener el flujo ilegal de personas por la frontera sur. Washington apuesta por la via represiva y recupera los centros de detención para familias immigrantes. Actualmente, hay dos en marcha (Karnes y Artesia) con capacidad para 1300 personas. Un tercero, en construcción, albergará 2400 camas en Dilley (Texas). Colectivos de abogados y organizaciones por los derechos humanos han puesto, ya, el grito en el cielo.

'Es incoherente y absurdo', afima, a Diario La Prensa, Álvaro Botero. Este abogado formó parte de la delegación oficial que, a principios de mes, visitó la frontera sur en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos' (CIDH). En su listado de recomendaciones, el cierre de estas instalaciones ocupa un lugar prioritario.

'La privación de libertad debe ser una medida excepcional y de último recurso', afirma. La delegación visitó el centro de Karnes, en Texas. Las instalaciones estaban en aparente buen estado. 'Cuando anunciamos una visita, las neveras siempre están llenas. Cuando nos vamos, todo cambia' asegura.

Las estadísticas Por 'unidades familiares' la administración norteamericana entiende a colectivos de almenos dos personas de la misma familia. A pesar que el interés mediático se lo llevó la oleada de menores no acompañadas, las cifras de la Patrulla Fronteriza muestran que los centroamericanos están apostando por la emigración en familia. Entre 2013 y 2014, las detenciones de menores no acompañados crecieron un 77%. Las de 'unidades familiares', un 412% Para la abogada especializada en inmigración Meredith Brown, todo responde a una estrategia de 'escarmiento': 'quieren hacerle la vida dificil a toda Centroamérica', asegura. Y a sus abogados, también. Brown explica, a Diario La Prensa, que para llegar al centro de Artesia, Nuevo México, debe volar hasta Albuquerque, alquilar un coche y conducir tres horas a través del desierto. Los gastos los asume personalmente ya que sus clientes no disponen de recursos. Brown cree que no es casualidad que estos centros se estén construyendo 'en medio de la nada'. Según Botero, el otro centro operativo, el de Karnes, se encuentra a 'más de una hora en coche de San Antonio'. Y confirma que la respuesta más dura hacia la oleada migratoria se tomó con las 'madres con hijos'. Los abogados tienen dificultades para llegar a los recintos y para acceder a ellos. 'Se les requisan ordenadores y tabletas' asegura Botero. Brown denuncia que los juicios se realizan a través de videoconferencia. 'El juez está en Denver. En ocasiones, la pantalla es tan pequeña que apenas pueden verse. Es muy fácil deportar a alguien sin mirarle a los ojos', lamenta. Una inmigrante salvadoreña que permaneció detenida más de dos meses en el Centro de Artesia junto a sus tres hijos dijo que en estas instalaciones de Inmigración pasó los peores días de su vida. 'Uno sale del cuarto y ve mujeres llorando en los corredores, en los cuartos, todo allí es muy deprimente. Estaba tan desesperada que en un momento estuve a punto de firmar la salida voluntaria y pedir que me enviaran de regreso', contó Teresa Maravilla, de 36 años y originaria de Ahuachapán (El Salvador). Maravilla cruzó la frontera el 7 de julio con su esposo y sus hijos, de 4, 10 y 16 años. Su marido fue enviado a un centro de detención al norte del país, mientras ella y los niños fueron remitidos a Artesia. Su particular pesadilla terminó cuando, después de solicitar asilo político y pagar una fianza de 12.000 dólares, fue liberada junto a sus hijos. Brown considera que es ilegal imponer fianzas a los niños, aunque estas se están rebajando últimamente. En general, considera que se está vulnerando el derecho al asilo de muchos irregulares. 'Hace poco gané un caso de un hondureño que estaba hostigado por las maras. Apenas podía salir de casa, ni para ir al colegio.' En Artesia, lleva el caso de una indígena guatemalteca que apenas habla español. Víctima de violencia de género en su país, de no ser por la asesoría gratuita de abogados como Brown no tendría la oportunidad de intentar acceder al derecho al asilo. 'El sufrimiento de violencia doméstica o general es fundamento para pedir el asilo polítco', recuerda. ¿Cuántos centroamericanos podrían demostrar ser víctima de esta violencia en una región considerada la más violenta del mundo si dispusieran de la asistencia legal adecuada? La respuesta asustaría a más de un miembro del Tea Party. Foto: La Prensa El Centro de Detenció de Karnes, en Texas. Reportan malos tratos Las denuncias sobre castigos físicos y humillaciones han sido denunciadas por muchos organismos. Y no son algo nuevo. Los centros de detención para familias immigrantes ya fueron objeto de polémica en 2009 cuando la administración se vio obligada a cerrar el centro T. Don Hutto, en San Antonio, Texas. Una denuncia de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Texas documentó numerosas denuncias por malos tratos y desnutrición infantil. El informe aseguraba que a los niños se les obligaba a llevar uniforme carcelario y eran metidos en celdas con aseos a la vista. Los menores eran sometidos a tácticas disciplinarias incluyendo amenazas de no devolverlos a los padres si lloraban o hacían ruido. También se reportaron casos de malnutrición e, incluso, de bebés de menos de un año que perdían peso. El centro estaba gestionado por Correctives Corportation of America (CCA), la mayor compañía de centros correccionales del país. CCA acaba de conseguir el contrato para gestionar el nuevo Centro de detención en Dilley (Texas) que albergará 2400 camas. La compañía declinó la invitación de Diario La Prensa a aportar información para este artículo. En su página web, asegura que el acuerdo con la administración le hace 'responsable de proveer servicios residenciales en un ambiente abierto y seguro que ofrecerá a los residente actividades al aire libre y bajo techo, calidad de vida, tiempo de estudio, consejo, actividades en grupo y accesos a servicios legales y religiosos'. Más adelante, advierten, 'esta declaración de intenciones está sujeta a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones formuladas'. Entre los riegos e incertidumbres incluyen 'condiciones económicas generales y de mercado, incluyendo el impacto que los presupuestos gubernamentales puedan tener en un nuestras tarifas diaria o en la ocupación'. Otra compañía en el ojo del huracán es The Geo Group. Recientmente, la asociación MALDEF (Fondo de Educación y Defensa Legal Mexicano Americano, por sus siglas en inglés) presentó una denuncia por abusos sexuales dentro del recinto de Karnes, bajo su gestión. La administración norteamericana aseguró que investigaria a fondo sin que se hayan conocido novedades al respecto. Foto: La Prensa La comisión de la CIDH durante su visita de cuatro días a la frontera sur. Lógica de libre mercado En su informe, la CIDH cuestionaba que la detención masiva fuera la respuesta adecuada al problema de la frontera sur. Según su vicepresidente segundo, Felipe González, no hubo ninguna oleada masiva de inmigrantes, por lo que las causas del aumento del flujo en los últimos meses responde a 'otras causas' y no a la ausencia de establecimientos de este tipo. González cuestionó, además, que la llegada de las familias a centros de detención más que seguir un criterio jurídico es una 'cuestión de azar' o una 'lotería', ya que depende de la capacidad del establecimiento en ese momento, es decir las camas libres que tenga. Compañías como The Geo Group y CCA son activos 'lobbystas' y donadores de fondos para campañas. Uno de sus principales beneficiarios es el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, un furibundo opositor a la Reforma migratoria que Obama prometió a la comunidad hispana y que ha pospuesto para después de las elecciones legislativas de noviembre. Mientras el Nobel de la Paz juega a los equilbrios políticos, CCA y The Geo Group han aumentado su valor en bolsa un 140 y un 131%, respectivamente, desde su llegada a la Casa Blanca en 2009. Entonces, aún se oían los ecos del 'Yes, we can'. Ahora, los latinos le llaman el 'Deportador en jefe'.