Washington, Estados Unidos
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) retomó las deportaciones después de que un juez bloqueó la moratoria a las expulsiones decretada la pasada semana por el gobierno del presidente Joe Biden, afirmó este viernes John Bruning, un abogado de inmigración.
Bruning indicó que EE.UU. ha deportado al menos cuatro personas a México y Honduras y se apresta a deportar otras 18 a México, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Ecuador y la República Dominicana.
Tras su investidura presidencial el 20 de enero, Biden decretó una pausa de 100 días en las deportaciones pero el martes 26 el juez federal Drew B. Tipton, del Tribunal de Distrito Sur de Texas, detuvo la aplicación a nivel nacional de la orden de Biden después de una petición en ese sentido del estado de Texas.
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Bruning, miembro de Abogados por los Derechos Humanos en Mineápolis, en Minesota, dio cuenta de las deportaciones desde ese estado en un mensaje en su cuenta Twitter.
Otros medios estadounidenses indicaron que al menos 15 personas habían sido deportadas el jueves. ICE no respondió de al respecto.
El miércoles, activistas que defienden a los inmigrantes afirmaron que la orden del juez, que impide la moratoria, no obliga sin embargo al gobierno a deportar a los inmigrantes, pues se trata de una decisión ejecutiva que se puede analizar caso a caso.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la decisión de Biden de pausar las deportaciones la pasada semana argumentando que la nueva administración actuó de forma arbitraria al no consultarles previamente, y luego el juez detuvo la aplicación del decreto presidencial.
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Por su parte, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, pidió al gobierno federal que rescinda la moratoria bao el argumento de que la pausa en las deportaciones viola un acuerdo firmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con Arizona y otros estados en las últimas semanas del gobierno del presidente Donald Trump.
Esta acción, vista por muchos como una traba para que el actual gobierno no pueda aplicar sus políticas migratorias, requiere que el DHS dé, por escrito y con 180 días de antelación, un aviso a los estados con argumentos y explicaciones detalladas que sustenten los cambios en la política migratoria.
