La justicia panameña presentó este jueves cargos por blanqueo de capitales contra los expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), en sendos escándalos que salpican a estos antiguos aliados convertidos ahora en enemigos políticos.
El ministerio público también decretó medidas cautelares contra ambos exgobernantes, que tendrán que firmar cada mes ante las autoridades judiciales y no podrán salir del país.
A Martinelli 'le formularon cargos por blanqueo de capitales en la compra de un medio de comunicación', dijo a la AFP Roniel Ortíz, uno de los abogados del exgobernante.
'Les voy a ser franco, esto me cabrea, estar en esta persecución política que no tiene cuando terminar. Es un caso en el que nunca me habían mencionado, que no tiene ningún fundamento ni razón. Me quieren involucrar porque me quieren anular', declaró Martinelli a su salida del ministerio público, donde se negó a declarar.
El expresidente es investigado por el caso conocido como New Business, en el que se indaga la compra de un grupo editorial, presuntamente con dinero público, durante su mandato.
Martinelli ya estuvo encarcelado de manera preventiva durante dos años tras ser extraditado en 2018 desde Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, aunque fue exonerado en 2019 por un tribunal.
Por otro lado, la Fiscalía Especial Anticorrupción 'formuló cargos por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht' al expresidente Varela, confirmó a la AFP el ministerio público.
Varela es investigado por donaciones de la constructora brasileña Odebrecht al Partido Panameñista (derecha), del que era el máximo dirigente, para varias contiendas electorales, entre ellas las presidenciales que ganó en 2014.
'Vamos a venir las veces que sea necesario para demostrar mi inocencia, aclarar cualquier pregunta que tenga el ministerio público y cumplir con el país y fortalecer el Estado de derecho', declaró Varela tras la indagatoria en la Fiscalía. 'Nadie está por encima de la ley', agregó.
El Partido Panameñista recibió presuntamente 10 millones de dólares de Odebrecht para campañas electorales a través de distintas sociedades. La constructora reconoció haber pagado 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Panamá entre 2010 y 2014.
