San Salvador.
'Es una orden [de uso de fuerza letal] que rompe con la legalidad' y puede derivar en un 'uso excesivo de la fuerza', afirmó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños.
Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, expresó la noche de domingo su preocupación por la emergencia en las cárceles, que pone en riesgo los derechos de los privados de libertad.
Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano el 'rebrote' de los homicidios por parte de las pandillas puede tratarse de una 'presión para algún tipo de negociación' con el gobierno en la búsqueda de 'prebendas' o apoyo económico.
Medrano consideró que las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 pueden estar 'en crisis' económica debido a que han dejado de percibir ingresos por extorsiones por la cuarentena domiciliar obligatoria y el cierre de pequeños y medianos negocios vigentes por ahora hasta el 1 de mayo.
'Sin duda ellos están sintiendo la crisis directa' porque sus familias 'sobreviven de las extorsiones', comentó Medrano.
'Que les quede claro [a los pandilleros] que no los vamos a tolerar, los vamos a capturar y se les aplicará todo el peso de la Ley. Estos terroristas solo tienen dos vías: la cárcel o la muerte', advirtió de su lado el ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas.
El Salvador, con 6,6 millones de habitantes, es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.
Una ola de homicidios a manos de pandilleros en El Salvador y el anuncio del gobierno de usar la fuerza letal para combatirlos genera temor entre organismos humanitarios y analistas a una escalada de violencia en el país centroamericano, en medio de una cuarentena domiciliar obligatoria para contener el nuevo coronavirus.
'Estamos ante un escenario muy delicado en el que la calificación [de la situación] es demasiado peligrosa y preocupante', declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES, no gubernamental), Miguel Montenegro.
En un repunte de la violencia entre viernes y domingo, las pandillas han provocado la muerte de 50 personas en diferentes puntos del país, por lo que la policía y el ejército intensificaron la vigilancia, en momentos que el país permanece en una cuarentena domiciliar obligatoria para contener la COVID-19.
Las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con unos 70,000 miembros, siembran el terror en comunidades bajo su control, y se dedican al sicariato, el narcotráfico y la extorsión de comerciantes y transportistas.
Antes del fin de semana el país tenía un promedio de 2,3 homicidios diarios, uno de los más bajos de los últimos años.
En un afán de contener la escalada homicida, el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el sábado el estado de emergencia en las cárceles donde están recluidos los integrantes de pandillas.
Además, las autoridades combinaron en las celdas a los integrantes de pandillas rivales, un hecho que no ocurría desde 2002, cuando se les separó para evitar muertes masivas en las cárceles.
'Vamos a hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios, se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión', escribió en Twitter Bukele, quien llegó al poder en junio de 2019.
La unificación carcelaria de las pandillas es 'una bomba de tiempo' que puede explotar en cualquier momento, advirtió Montenegro, quien señaló como responsable al gobierno de las posibles consecuencias.
Pandillas 'en crisis'
Para neutralizar los asesinatos, Bukele dijo a las fuerzas de seguridad que 'el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños' y adelantó que su gobierno se encargará de la defensa legal de los efectivos de seguridad que sean 'injustamente acusados'.'Es una orden [de uso de fuerza letal] que rompe con la legalidad' y puede derivar en un 'uso excesivo de la fuerza', afirmó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños.
Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, expresó la noche de domingo su preocupación por la emergencia en las cárceles, que pone en riesgo los derechos de los privados de libertad.
Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano el 'rebrote' de los homicidios por parte de las pandillas puede tratarse de una 'presión para algún tipo de negociación' con el gobierno en la búsqueda de 'prebendas' o apoyo económico.
Medrano consideró que las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 pueden estar 'en crisis' económica debido a que han dejado de percibir ingresos por extorsiones por la cuarentena domiciliar obligatoria y el cierre de pequeños y medianos negocios vigentes por ahora hasta el 1 de mayo.
'Sin duda ellos están sintiendo la crisis directa' porque sus familias 'sobreviven de las extorsiones', comentó Medrano.
'Que les quede claro [a los pandilleros] que no los vamos a tolerar, los vamos a capturar y se les aplicará todo el peso de la Ley. Estos terroristas solo tienen dos vías: la cárcel o la muerte', advirtió de su lado el ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas.
El Salvador, con 6,6 millones de habitantes, es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.
Fracaso de mano dura
Jannette Aguilar, investigadora de temas de prevención de la violencia para organismos internacionales, anticipa poco éxito a la decisión de Bukele, en el poder desde junio del año pasado.Vea: Bukele ordena mezclar en celdas a pandilleros rivales por alza de homicidios en El Salvador
Las estrategias de represión por encima de la prevención durante los gobiernos de 1999 a 2019 fueron un fracaso y las bandas criminales se fortalecieron, destacó Aguilar.
'Lo que han producido las respuestas de mano dura a lo largo del tiempo es un efecto contraproducente', porque las pandillas 'contrario a debilitarse, se han expandido como un poder fáctico en todo el territorio nacional', estimó Aguilar.
Para la investigadora, la represión es una 'respuesta mediática' que provocará 'un baño de sangre' pero que al final 'potenciarán' a las pandillas que en los últimos años 'se han fortalecido como verdaderas autoridades' en las comunidades.
