El Tribunal Supremo de Justicia de EEUU escuchó ayer argumentos en torno a una ley que, con la intención de reprimir el contrabando humano, puede considerar criminal a cualquier persona que dé a un extranjero ayuda para venir o para quedarse en EEUU.
La ley de 1986 declara que es un delito federal el “alentar o inducir a un extranjero a que venga, entre o resida en Estados Unidos... a sabiendas de que esa entrada o estancia viola la ley” de inmigración.
“El aspecto problemático es que la definición de asistencia es clara y deliberadamente muy amplia”, dice Doug Penn, un abogado de migración en Stamford, en el estado de Connecticut. “El propósito declarado fue, en términos muy amplios, criminalizar el contrabando de personas”.
“Pero ¿cómo se aplica esto, por ejemplo, a los abogados de migración?”, continuó. “Por ejemplo, yo recibo a una pareja en la cual uno de los cónyuges es ciudadano estadounidense y el otro no, pero les asesoro que hay una senda legal para la obtención de la residencia permanente”.
Entre otros ejemplos de asistencia para que migrantes indocumentados se queden en el país, Penn mencionó la ayuda humanitaria, la educación, la enseñanza del idioma inglés, la capacitación laboral y agregó “hay allí una amenaza potencial, hay que ser cuidadoso”.
¿”A quiénes se les aplicará la ley?”, cuestiona el abogado. “Pueden ser asistentes sociales, abogados y otros profesionales que simplemente están haciendo su trabajo”.
Organizaciones de abogados de migración y grupos que ayudan a los migrantes temen que el Gobierno de Trump, con su sostenida política antiinmigrante, procese a quienes dan esa asistencia y aun las expresiones escritas y orales de los defensores de migrantes.
El caso que ha llegado ante el Tribunal Supremo se refiere a Evelyn Sineneng Smitth, quien operaba en California un servicio de consultas para migrantes, en su mayoría filipinos empleados en hospitales y residencias para enfermos o ancianos.
Según la fiscalía, la mujer prometía a sus clientes un trámite para lograr la residencia legal mediante la certificación laboral y, aunque sabía bien que esos migrantes no calificaban para el programa, igual cobró, en algunos casos hasta 6,800 dólares por cliente por los servicios prometidos, y en siete años acumuló millones de dólares por su asesoramiento. En 2010 Sineneng fue juzgada y condenada por fraude entre otros cargos.
En el proceso de las apelaciones el juez federal A. Wallace Tashima, del Noveno Circuito, declaró nula la ley con el argumento de que su alcance era demasiado amplio y podría interferir con el ejercicio de la libertad de expresión, una violación de la Primera Enmienda de la Constitución.
El Gobierno de Trump apeló esa decisión lo cual envió el caso al Supremo.
Separación de familias migrantes es “tortura”
Un informe de la organización Médicos por los Derechos Humanos (PHR) difundido ayer concluyó que la separación de familias migrantes que solicitan asilo en la frontera sur “cumple con los criterios de tortura”.El documento, resultado de “evaluaciones psicológicas profundas” hechas a 26 personas solicitantes de asilo (incluidos nueve menores de edad) muestra que la práctica de la separación familiar “constituye un trato cruel, inhumano o degradante” y, según los casos que evaluó la organización, “cumple con los criterios de tortura”.
“Es el primer análisis que se basa en declaraciones legales de médicos y estuvo escrito por expertos, todo basado en evaluaciones psicológicas a niños y padres separados”, dijo la directora médica de PHR, Michele Heisler.
Los solicitantes de asilo huyeron de sus países de origen, en especial El Salvador, Guatemala y Honduras, en busca de refugio en EEUU.
