El presidente Sebastián Piñera endureció el tono ayer al anunciar una serie de medidas de control del orden público y citar a un consejo de Seguridad Nacional para hacer frente a las protestas sociales que se hacen sentir en varios puntos del país sudamericano.
Tras casi tres semanas de un estallido inédito en Chile desde el retorno a la democracia en 1990, los camioneros bloquearon rutas y hubo manifestaciones en distintos sectores de Santiago y otras ciudades, incluidos los barrios más acomodados de la capital, como Providencia, donde la tarde del miércoles se registraron saqueos, incendios y violentos enfrentamientos con la policía.
El presidente anunció una agenda de diez puntos que contempla un proyecto de ley para endurecer la sanción de los saqueos, uno de los delitos más comunes desde que estalló el conflicto social el 18 de octubre. También solicitó la discusión inmediata en el Congreso de la “ley antiencapuchados”, una iniciativa que presentó en su primer mandato (2010-2014) y que castiga con más dureza a quienes cometan desórdenes cubriendo sus rostros. Piñera indicó que el Gobierno patrocinará otra iniciativa legal para sancionar como delitos el levantamiento de barricadas en las calles.
Emergencia
1-Asociaciones médicas califican de “emergencia sanitaria” la cantidad de heridos oculares desde el inicio de las protestas, que llegaron a 177 el miércoles
2-El Instituto Nacional de DDHH confirmó que casi dos centenares del total de 1,778 heridos hospitalizados padecen lesiones oculares. 3-Cerca del 80 % de las lesiones severas son por balines (de goma), usados por policías y militares. |
También anunció la creación de un equipo legal especial para perseguir los delitos de desórdenes, un estatuto especial para la protección de policías y la modernización del sistema de inteligencia.
El mandatario dejó fuera de este anuncio nuevas propuestas sociales y políticas para hacer frente a la crisis, lo que despertó fuertes críticas en la oposición. “Es apagar el fuego con bencina (gasolina).
Ayer.Los chilenos exigen medidas a favor de la salud y la educación.
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“La convocatoria del Cosena es la peor señal que se puede dar a la ciudadanía que exige un cambio pacífico. Favorece el protagonismo de los grupos minoritarios violentos, que buscan la confrontación”, estimó por su parte el senador del Partido Socialista José Miguel Insulza. Ayer, otra convocatoria por redes sociales llamaba a hacer un “gran tour al oasis” y llegar hasta la rica comuna de Las Condes, una zona de Santiago con los metros cuadrados más caros de Chile. Pocos días antes del inicio de las protestas, Piñera había considerado Chile como “un oasis” en América Latina.
Otra manifestación llegó a Vitacura, sector exclusivo de residencias y sedes de organismos internacionales, embajadas y comercio de lujo. Otros cientos protestaron en el centro de Santiago. Empleados públicos de Salud llegaron hasta la sede de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Vitacura.
También denuncian, con vendas en alguno de sus ojos, por la alta cifra de afectados por el gas lacrimógeno y los perdigones de goma. Fotos: AFP
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Posibles salidas a la crisis chilena SANTIAGO. Cuando las protestas en Chile pierden algo de poder de convocatoria y ganan en violencia, se perfilan como posibles salidas a la crisis un llamado a plebiscito, una nueva Constitución, la implementación de un proceso de diálogo ciudadano o, los más escépticos, apostar al desgaste del movimiento.
Para la mayoría de los partidos de oposición, la opción más viable y rápida es llamar a un plebiscito para que una nueva Constitución reemplace la que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Para muchos esa Constitución promovió la desconexión con la ciudadanía que hizo estallar la crisis. Creada en dictadura y aprobada en 1980 en un plebiscito sobre el cual siempre hubo dudas, una nueva carta fundamental es vista como una especie de nuevo punto fundacional sobre el cual establecer un nuevo orden social, más igualitario en Chile, uno de los países más desiguales de la región. Rysselberghe, presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI).Algunos más escépticos, sin embargo, creen que el gobierno apostaría por dilatar la entrega de respuesta, a la espera de desgastar y disolver al movimiento social, que sin tener hasta ahora interlocutores ha dado varias muestras de poder. |