El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) multó con cerca de medio millón de dólares a una inmigrante ilegal, que vive en una iglesia de Columbus (Ohio) hace 21 meses, por negarse a ser deportada, según informó este jueves The New York Times.
Y al parecer no es el único caso pues, pues según el Times empieza a ser una práctica habitual incluso en personas protegidas por centros de culto, pues cita otras casos con multas de hasta 300.000 dólares.
El caso de Edith Espinal, de 42 años y de quien no se revela su país de origen, es el de una inmigrante que pasa sus días orando y leyendo en una iglesia menonita en Columbus, donde vive hace casi dos años.
Los representantes de esta iglesia han estado protegiendo a Espinal, quien cruzó ilegalmente a los Estados Unidos hace más de dos décadas, mientras ella combate una orden de deportación.
'No tengo esta cantidad de dinero', dijo Espinal, quien confesó al Times: 'Nunca me imaginé que nos enviarían esta reclamación'.
Espinal es uno de los varios inmigrantes indocumentados que viven en casas de culto y que esta semana recibieron avisos similares, en lo que es la última medida tomada por la administración de Donald Trump en su represión contra la inmigración ilegal.
Funcionarios del ICE dijeron que la agencia tiene el derecho de imponer multas civiles de hasta 799 dólares al día a los inmigrantes indocumentados que hayan rechazado su deportación.
'El ICE se compromete a utilizar varios métodos de cumplimiento, incluidos arrestos, detenciones, monitoreo tecnológico y sanciones económicas, para hacer cumplir la ley de inmigración de EE.UU. y mantener la integridad de las órdenes legales emitidas por los jueces', dijo Carol Danko, una portavoz de la agencia de Inmigración.
A principios de esta semana, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para cobrar todas las multas y multas de cualquier persona que ingresó ilegalmente al país, y alertó de que su Gobierno iniciaría redadas de inmigración después del 4 de julio.
El lote de cartas de esta semana sorprendió a los pastores y activistas de inmigración, ya que las casas de culto, como hospitales y escuelas, en general han sido excluidas de las redadas, según relata NYT.
Y es que hay otros ejemplos: en la Iglesia Presbiteriana de St. Andrew, en Austin (Texas), Hilda Ramírez Méndez también recibió un aviso esta semana de que estaba bajo la orden final de expulsión y que se le impondría una multa de 303.620 dólares.
Ella ha estado viviendo por un tiempo en la iglesia con su hijo de 13 años de edad, cuya solicitud especial de estatus de inmigrante juvenil está pendiente.
Se le negó asilo en 2015, y aunque el ICE inicialmente le permitió quedarse, su estado de acción diferida no se extendió en marzo, dijo al Times su abogada, Stephanie Taylor. EFE
