San Salvador, El Salvador.
La decisión mantener a más de 10,400 soldados en labores de seguridad ciudadana se da pese al rechazo de diversas organizaciones sociales. A finales de enero pasado, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) pidió a los entonces candidatos presidenciales desmilitarizar la seguridad.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantendrá a más 10,400 soldados en las calles, pese a las peticiones de las organizaciones sociales de desmilitarizar la seguridad pública, informó ayer el director de la Policía, Mauricio Arriaza.
“La Fuerza Armada nos va a seguir acompañando” y “la línea del señor presidente de la República es la disuasión, la presencia policial y el combate frontal a la delincuencia”, señaló Arriaza, nombrado recientemente director de la Policía.
Apuntó, sin entrar en detalles, que la continuidad o suspensión de los programas de prevención de la violencia de las pandillas del plan El Salvador Seguro, lanzado por el Gobierno anterior, será anunciada por el nuevo ministro de Seguridad, Rogelio Rivas.
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viajes oficiales realizará Bukele entre junio y diciembre de este año: Guatemala, Panamá, EEUU y Catar. El Congreso le concedió permiso.
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“La militarización de la seguridad pública implica un retroceso en la construcción de una sociedad democrática basada en el gobierno civil, además de contribuir a la aparición de nuevos fenómenos de violencia”, señaló la organización.
Explicó que la Fuerza Armada “se encuentra en labores de seguridad desde el año 1993” y que eso rompe con el margen de tiempo “que la Constitución permite”.
Varios miembros del Ejército han sido procesados en los tribunales por delitos como desapariciones forzadas y tortura, además son vinculados con el fenómeno del desplazamiento forzado.
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Bukele asumió el Gobierno el 1 de junio sin dar luces de su estrategia para combatir a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Las autoridades responsabilizan a estas estructuras criminales de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100,000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación como una de las más violentas del mundo.
Ayer, siempre mediante Twitter, el presidente ordenó el despido del hijo del expresidente Salvador Sánchez Cerén y “que sus $4,000 de salario pasen a ahorro de la Institución”. Salvador Antonio Sánchez Villalta era gerente de Inclusión Social del Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo).
