Managua, Nicaragua.
La ola de manifestaciones que comenzó como un movimiento contra una reforma de la seguridad social y derivó en un momento de protesta más amplio contra el gobierno de Daniel Ortega fue duramente reprimido con un saldo de 325 muertos, 2.000 heridos y 52,000 exiliados, según la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agregó a Nicaragua en la lista negra violaciones a los derechos humanos, según su informe anual presentado ayer, después de que en diciembre un grupo de expertos denunció que en la represión de las protestas se cometieron crímenes de lesa humanidad.
“La CIDH ha seguido con especial atención el progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en particular desde el inicio de los actos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018 en el marco de la represión estatal a las protestas”, dijo el organismo.
En el informe de este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cuba y Venezuela repiten en el apartado de Estados que reprueban en el cumplimiento de los derechos humanos.
Esta es la primera vez en 25 años que Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, que esta vez se refiere a 2018.
| El gobierno y la oposición regresaron ayer a la mesa de negociación tras acordar liberar a todos los opositores detenidos en un máximo de 90 días.
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El organismo destacó “el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales”.
También denunció la obstaculización de la atención médica a los manifestantes, detenciones arbitrarias de jóvenes que participaron en protestas, campañas de estigmatización, medidas de censura y amenazas contra líderes de movimientos sociales.
La CIDH también señaló la “falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos”.
En junio, la CIDH articuló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) con el objetivo de mantener en terreno el monitoreo de la situación de los derechos humanos, y después anunció la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargado de apoyar las investigaciones de las muertes.
