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Comando armado secuestra a 19 migrantes en Tamaulipas

  • 11 marzo 2019 /

Los migrantes viajaban en un autobús que fue interceptado por el grupo armado en San Fernando.

Ciudad de México.

Un comando armado secuestró a 19 migrantes que viajaban en un autobús de pasajeros cuando el vehículo se dirigía hacia la ciudad de San Fernando, Tamaulipas (México), informaron ayer autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió el pasado jueves 7 de marzo alrededor de las 12:55 horas en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa, donde el vehículo que se dirigía a la ciudad fronteriza con EEUU fue interceptado.

El conductor de la unidad de la línea Transpaís reportó a las autoridades ministeriales que una camioneta gris y una camioneta lobo doble cabina le cerraron el paso, mientras que otras camionetas se pararon al lado de la puerta derecha del autobús.

También declaró que los hombres armados y encapuchados seleccionaron y bajaron a los pasajeros y los subieron a sus camionetas para después tomar rumbo desconocido.

El autobús cubría la ruta Tampico-Reynosa con 41 pasajeros pero a la terminal sólo llegaron 22, quienes se retiraron de inmediato del lugar.

La unidad partió de Reynosa a las 6:25 horas del jueves y arribó a las 14:00 horas del mismo día.

El autobús con número 9596 y placas 417-HY-4 fue acordonado para su debido procesamiento en la pensión de Transpaís en la Colonia Centro de Reynosa.

Al ser cuestionado sobre el caso, un vocero del Gobierno de Tamaulipas señaló, de forma escueta, que el caso era responsabilidad la Fiscalía General de la República (FGR) y que los plagiados serían migrantes.

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La versión de que las víctimas son migrantes se fortaleció luego de que fuentes policíacas aseguraron ayer que aún no hay denuncias de desapariciones, lo que apunta a que los plagiados son extranjeros.

El caso recuerda a la tragedia ocurrida en esa misma comunidad en 2010 cuando hombres armados del cartel de Los Zetas secuestraron y asesinaron a 72 migrantes, entre ellos 14 mujeres, por negarse a trabajar para ellos.

Por ese hecho, el Gobierno mexicano, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ha tenido que indemnizar a un sobreviviente de la masacre, así como a 47 familiares de cuatro de los ejecutados.