Managua, Nicaragua.
El Gobierno de Nicaragua pudo haber evitado las sanciones de EEUU contra la vicepresidenta, Rosario Murillo, y el asesor de seguridad nacional del presidente, Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau, por actos de 'represión', informó hoy la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
'Estas son medidas que pudieron haberse evitado si el Gobierno (de Nicaragua) hubiera escuchado, no sólo la opinión del pueblo nicaragüense, sino de la comunidad internacional', dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, a periodistas.
Las sanciones, impuestas el martes por orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier 'propiedad o intereses en propiedades' de Murillo y Moncada, que estén en manos de un estadounidense o bajo jurisdicción de ese país.
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También prohíbe a cualquier estadounidense que realice negocios con los designados, así como la entrada de los sancionados a Estados Unidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de 'más de 300 muertos', así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores, desde el estallido contra Ortega el 18 de abril pasado.
Organismos humanitarios locales elevan el número de muertos hasta en 545, con cientos de desaparecidos, miles de heridos, decenas de miles de exiliados y 610 'presos políticos'.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que denomina 'terroristas', 'golpistas' y 'delincuentes comunes'.
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Ortega, por su parte, ha negado cualquier responsabilidad y se ha declarado 'victorioso' de lo que considera un intento de 'golpe de Estado'.
'Esto muestra la falta de compromiso de este Gobierno con los derechos humanos, que viola a diario las leyes, las libertades de movilización y de prensa, estas (sanciones) son la consecuencia de Gobiernos intolerantes, que se vuelven ciegos, sordos y mudos, ante la demanda del pueblo de Nicaragua', puntualizó Carmona.
Las protestas contra Ortega y Murillo se iniciaron en abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario debido al saldo mortal en las manifestaciones, tras 11 años de Gobierno.
