Washington, Estados Unidos.
El Gobierno de Donald Trump propuso ayer una nueva reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos en Estados Unidos, como la asistencia alimentaria y los vales de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.
La medida obligaría a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda a elegir entre aceptar ayuda financiera o la residencia permanente, conocida como Green Card (tarjeta verde) para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que la medida es acorde con la ley vigente.
“De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, apuntó.
Según Nielsen, esta reglamentación implementará una ley aprobada por el Congreso con “la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados” garantizando que “no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”.
La regulación, que según la administración afectaría a unas 382,000 personas al año, es la más reciente de una serie de medidas enérgicas del presidente estadounidense, Donald Trump, y sus asesores de línea dura sobre inmigración legal e ilegal.
La medida no afectará a los inmigrantes que ya tienen la residencia permanente.
El Gobierno de Donald Trump propuso ayer una nueva reglamentación para que a los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos en Estados Unidos, como la asistencia alimentaria y los vales de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.
La medida obligaría a millones de inmigrantes pobres que dependen de la asistencia pública para alimentos y vivienda a elegir entre aceptar ayuda financiera o la residencia permanente, conocida como Green Card (tarjeta verde) para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado que la medida es acorde con la ley vigente.
“De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, apuntó.
Según Nielsen, esta reglamentación implementará una ley aprobada por el Congreso con “la intención de promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger los recursos limitados” garantizando que “no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”.
La regulación, que según la administración afectaría a unas 382,000 personas al año, es la más reciente de una serie de medidas enérgicas del presidente estadounidense, Donald Trump, y sus asesores de línea dura sobre inmigración legal e ilegal.
La medida no afectará a los inmigrantes que ya tienen la residencia permanente.
