El combate a la corrupción está a la deriva en Perú mientras el fiscal general, Pedro Gonzalo Chávarry, salpicado por el escándalo de venta de sentencias y tráfico de influencias en el poder judicial, se niega a dar un paso al costado.
Un amplio movimiento social y político exige su renuncia desde hace semanas, pero la pertinaz resistencia de Chávarry a dejar su cargo desató una pugna interna dentro de la propia fiscalía y polarizó al país.
“La pelea en la fiscalía se corresponde con la pelea que hay en política: el partido de Keiko Fujimori lo apoya y los antifujimoristas, incluso el gobierno, lo rechazan”, dice el analista político Fernando Rospigliosi.
La controversia comenzó antes de que Chávarry asumiera su cargo el 20 de julio, tras la difusión del audio de una conversación en que supuestamente pedía favores a un cuestionado juez, ahora suspendido.
El presidente Martín Vizcarra optó por no asistir a la ceremonia en que Chávarry juró su nuevo puesto, para el que había sido elegido antes que estallara el escándalo.
La tensión se atizó desde que Vizcarra instó a Chávarry a dar un paso al costado, al lanzar su propuesta de referéndum sobre reformas judiciales y políticas como respuesta al escándalo.
Esto incentivó el apoyo a Chávarry de la oposición fujimorista que domina el Congreso, a cambio de impulsar investigaciones a sus rivales políticos, que habían sido relegadas por el anterior fiscal general.
En el Congreso, Chávarry enfrenta un proceso de destitución iniciado por el izquierdista Frente Amplio, que no prosperará si no cuenta con apoyo del partido que lidera la hija del expresidente Alberto Fujimori. Sólo el Congreso puede destituirlo del cargo, para el que fue elegido por tres años. “Chávarry no renuncia porque está vinculado políticamente al fujimorismo”, asegura el analista político Juan Carlos Tafur.
El fiscal alega que es víctima de “un linchamiento mediático” por emprender una lucha frontal contra la corrupción, al relanzar la cooperación con la fiscalía brasileña para obtener nuevas pruebas de los pagos de Odebrecht a políticos peruanos investigados, entre ellos cuatro expresidentes.
Vínculo con audios
El fiscal general está en el ojo de un huracán desde hace casi dos meses por el caso de unos audios telefónicos, por el que están presos media docena de magistrados, entre ellos el presidente de la corte de apelaciones del Callao, Walter Ríos.
El caso provocó las caídas del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y del ministro de Justicia, Salvador Heresi. También fue suspendido el juez César Hinostroza, a quien Chávarry pedía supuestamente favores por teléfono. En otro audio se escucha a este juez de la Corte Suprema ofrecer rebajar la pena o absolver a un condenado por violar a una niña.
Una investigación de la fiscalía, con base a interceptaciones telefónicas ordenadas por un juez, menciona a Chávarry e Hinostroza como miembros de una organización criminal llamada “Los cuellos blancos del puerto” del Callao.
En Perú, según diversos analistas, el Poder Judicial y la fiscalía están divididos en bandos políticos desde hace años. “Chávarry y César Hinostroza representaban a fuerzas involucradas al fujimorismo, por eso se está defendiendo con uñas y dientes”, subraya Tafur.
