San Salvador, El Salvador
La justicia salvadoreña dio un manotazo contra la impunidad con la condena del expresidente Elías Antonio Saca a 10 años de cárcel por el desvío de 301 millones de dólares, aunque según especialistas aún queda un camino por recorrer en la adopción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Luego de un proceso judicial de casi dos años, el miércoles un tribunal dictó prisión para Saca, de 53 años, y le ordenó devolver al Estado 260,7 millones de dólares que malversó durante su gestión (2004-2009) bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
“Que Saca haya sido condenado es una señal del comienzo del fin de la impunidad, pero montar un cerco a la corrupción pasa por establecer una cultura de transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano”, declaró el profesor universitario Roberto Cañas.
Tras la condena del exmandatario y seis de sus colaboradores, el fiscal general, Douglas Meléndez, proclamó ayer que “arrinconó” a Saca para que confesara sus delitos, con lo cual demostró que “nadie tiene corona” en el país y que cualquiera puede ser investigado. “La Fiscalía le ha declarado la guerra a los corruptos y a los pandilleros, porque son los problemas que más han afectado a la población”, resumió Meléndez.
Saca sólo cumplirá ocho años más en la cárcel por los dos que ya estuvo tras las rejas y por otros beneficios penitenciarios de buena conducta y trabajo, pero la sentencia envía el mensaje a los políticos de que “cualquier corrupto puede ir a la cárcel”, advirtió el analista Juan Ramón Medrano. Sin embargo, no todos los salvadoreños quedaron conformes con la sanción a Saca, por cuanto recibió una pena reducida gracias a que negoció con la Fiscalía para confesar los delitos en el tribunal.
“Es injusto que Saca, que fue la cabeza de la estructura criminal, reciba diez años de cárcel, mientras Pablo Gómez, un excontador de la presidencia que era el último eslabón de la cadena de corrupción, reciba 16 años de prisión solo por no negociar con la fiscalía”, lamentó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños.
En ese sentido, Baños consideró que queda mucho por hacer en el campo de la corrupción, por cuanto la justicia salvadoreña consiente a los corruptos con “reducidas penas”, mientras se ensaña con penas de hasta 45 años de cárcel con las mujeres que tienen abortos por emergencias de obstetricia.
