Managua.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos exigió ayer al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que libere a “todas las personas detenidas arbitrariamente” y avisó de que hará que el Ejecutivo responda por su “represión y violencia”.
La diplomacia estadounidense formuló esa petición en un comunicado destinado a condenar el arresto “arbitrario” de seis estudiantes, de los que cinco han sido puestos en libertad.
“Pedimos la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. También hacemos un llamamiento al Gobierno de Ortega para que garantice la seguridad de todos los que eligen ejercer sus derechos universales a la libertad de expresión y la libertad de reunión”, manifestó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
Llamado
“Todos los Gobiernos -continuó Nauert- deberían promover la democracia, el buen Gobierno y los derechos humanos para un mayor bienestar de sus ciudadanos. Continuaremos respaldando al pueblo de Nicaragua y haremos que el Ejecutivo de Ortega responda por su represión y violencia”, dijo.
Los seis estudiantes a los que se refirió en su comunicado el Departamento de Estado son Ariana Moraga, Iskra Malespín, Judith Mairena, Gracia Rivera, Alejandro Centeno y Edwin Carcache, este último miembro de la opositora Alianza Cívica y el único que todavía permanece bajo custodia de las autoridades.
Para Nauert, estos estudiantes son el “último ejemplo” de las miles de personas que han protestado contra Ortega, solo para ser “hostigadas, detenidas, desaparecidas o incluso asesinadas”.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La crisis, la más difícil en Nicaragua desde los años 80, ha dejado entre 322 y 448 muertos, según cifras de grupos humanitarios; aunque el Ejecutivo cuenta solo 198 víctimas mortales.
El presidente Ortega negó que haya sofocado las protestas con represión, dijo que no se siente responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a Estados Unidos y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar grupos violentos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos exigió ayer al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que libere a “todas las personas detenidas arbitrariamente” y avisó de que hará que el Ejecutivo responda por su “represión y violencia”.
La diplomacia estadounidense formuló esa petición en un comunicado destinado a condenar el arresto “arbitrario” de seis estudiantes, de los que cinco han sido puestos en libertad.
“Pedimos la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. También hacemos un llamamiento al Gobierno de Ortega para que garantice la seguridad de todos los que eligen ejercer sus derechos universales a la libertad de expresión y la libertad de reunión”, manifestó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
Llamado
“Todos los Gobiernos -continuó Nauert- deberían promover la democracia, el buen Gobierno y los derechos humanos para un mayor bienestar de sus ciudadanos. Continuaremos respaldando al pueblo de Nicaragua y haremos que el Ejecutivo de Ortega responda por su represión y violencia”, dijo.
Los seis estudiantes a los que se refirió en su comunicado el Departamento de Estado son Ariana Moraga, Iskra Malespín, Judith Mairena, Gracia Rivera, Alejandro Centeno y Edwin Carcache, este último miembro de la opositora Alianza Cívica y el único que todavía permanece bajo custodia de las autoridades.
Para Nauert, estos estudiantes son el “último ejemplo” de las miles de personas que han protestado contra Ortega, solo para ser “hostigadas, detenidas, desaparecidas o incluso asesinadas”.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La crisis, la más difícil en Nicaragua desde los años 80, ha dejado entre 322 y 448 muertos, según cifras de grupos humanitarios; aunque el Ejecutivo cuenta solo 198 víctimas mortales.
El presidente Ortega negó que haya sofocado las protestas con represión, dijo que no se siente responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a Estados Unidos y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar grupos violentos.
